Según ha informado hoy Público, el Gobierno de José María Aznar conocía que la prórroga de 25 años concedida en el año 2000 a la concesionaria de la Autopista del Atlántico, para que siguiera cobrando peajes, era ilegal y contraria a la legislación, tanto europea como española.
La Autopista Ap-9 cubre el trazado atlántico desde Ferrol hasta la frontera portuguesa.
Precisamente por ello, se modificó la ley que impedía extender la concesión. Se hizo cuatro días antes de privatizarla, garantizando que la empresa que explotaría la autopista podrían mantener los cobros de peajes hasta el año 2048.
El acuerdo inicial señalaba que los peajes deberían terminar en el año 2012. Sin embargo, el Gobierno de Adolfo Suárez amplió el plazo un año más, hasta 2013. Después, Felipe González lo estiraría hasta 2023 y Aznar hasta 2048.
Según la Comisión Europea, las dos últimas prórrogas, la de Aznar y la de González habrían contravenido la ley. Concretamente la directiva europea de 1993 sobre procedimiento de adjudicación de contratación pública.
La prórroga de Aznar, además, también vulneraría la propia ley española de construcción, conservación y explotación de autopistas, que sería derogada por el Gobierno de Aznar para salvar «el obstáculo». Se eliminó, concretamente el artículo 25.2, que señalaba que, «excepcionalmente y siempre y cuando entre otros condicionantes, se garantizara que la ampliación se adjudicara mediante un concurso abierto» se podría proceder a la prórroga. La eliminación tuvo lugar concretamente en el BOE del 23 de mayo de 2003, entrando en vigor la norma un día después.
Sería el 28 de mayo, cuatro días después, cuando se anunció la venta de ENA a un consorcio liderado por Sacyr.
Fue la semana pasada cuando Bruselas notificó oficialmente al Gobierno de España la apertura de un expediente por esta cuestión, abriendo una investigación sobre las condiciones de la prórroga de los peajes.
