Este viernes se cumplen 45 años de la constitución legal de la entidad ultraderechista, un acto que estuvo seguido algunas semanas después por una reunión con el rey Juan Carlos I, que apoyó su creación. Hoy, en un nuevo aniversario, la fundación que honra al dictador se enfrenta a un escenario completamente distinto: en el horizonte aparece por primera vez su posible ilegalización por vulnerar la memoria de las víctimas, con la Ley de Memoria Democrática que impulsa el Gobierno.
Asombrosamente entre sus fines fundacionales figuraba «difundir el conocimiento de Francisco Franco en su dimensión humana y política«, «contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española» o también «exaltar su vida como modelo de virtudes puestas al servicio de la patria y todas cuantas acciones conduzcan a enaltecer la figura de Franco y preservar su legado».
Algo inaudito en las democracias europeas. La exaltación de cualquier tipo, al fascismo/nacismo, está vetado dentro del marco de la Unión Europea. Aquí 45 años después, la FNFF sigue dedicada en cuerpo y alma a la apología de la dictadura. La presidencia está a cargo de Juan Chicharro Ortega, un general de división de la Marina ya retirado que llegó a desempeñarse como ayudante del rey Juan Carlos I.
Así, el 24 de noviembre de 1976, el patronato de la FNFF con Carmen Franco a la cabeza se presentó en el Palacio Real, donde les esperaba el rey Juan Carlos I. En ese encuentro, la hija del dictador le entregó al monarca la primera ‘Medalla de Oro’ que concedía la fundación. Según resumió al día siguiente la agencia Logos, vinculada al nacionalcatolicismo, para pedirle a Juan Carlos I «que facilitara algunas dependencias del palacio de El Pardo para la sede de la fundación». Todo atado y bien atado.
