Es la cabeza visible o la punta del iceberg, de lo que conocemos como Cloacas del Estado español. En el año 2017 el ex comisario Villarejo se reunió dos meses antes de su detención con María Dolores de Cospedal, la ex ministra española de Defensa, para presionarla para que el servicio de prevención de blanqueo de capitales dejara de investigar sus cuentas bancarias.
Unas informaciones del diario Público revelan que el comisario presionó a Cospedal con amenazas en referencia al dinero que el extesorero del PP Luis Bárcenas habría facilitado para la campaña electoral de la ministra en Castilla la Mancha a cambio de un contrato de limpieza en Toledo. Unos pagos de 200.000 y 600.000 euros que el comisario también puntualizaba a sus famosas agendas.
En la misma reunión quiso dejar claro a la exministra que tenía copia de todos los recibos y que sabía los motivos por los que no habían llegado a los juzgados. María Dolores de Cospedal se comprometió a hablar de Villarejo con el ex ministro de Economía Luis de Guindos y con la Fiscalía.
El tribunal, compuesto por los jueces Ángela Murillo, Carmen-Paloma González y Fermín Echarri, carga con la responsabilidad de pronunciarse por primera vez sobre la dimensión del grupo liderado por el comisario jubilado, una “organización criminal” en palabras del ministerio público.
Villarejo siempre ha defendido que trabajaba como agente encubierto y que contaba con el beneplácito de los distintos gobiernos para urdir sus negocios a través de unas empresas que, según asegura, después utilizaba el propio Estado para sus intereses. “La verdadera función de sus empresas era la eficaz cobertura de sus labores como servidor del Estado”, recalca su defensa.
