El Tribunal de Cuentas y su delegada instructora Esperanza García Moreno han rechazado este jueves el aval presentado por el Institut Català de Finances ya que considera que si lo aceptara, la administración pública estaría apoyando económicamente a los altos cargos del Govern imputados por permitir un referéndum de autonomía en Catalunya.
La represión contra el independentismo continúa y lo hace con un especial ánimo vengativo, que busca la muerte civil de los políticos independentistas. Los cargos del Govern represaliados deben cubrir una fianza de 5,4 millones de euros, y se descarta el citado ICF como posible avalador.
Entre las personas a las que se reclama el pago de fianza está el president de la Generalitat Artur Mas, perseguido por el 9-N y el entonces consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, o el presidente en el exilio Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras, preso político.
En cuanto a las dudas que ya había exteriorizado la delegada instructora, lo hizo solicitando un informe en verano a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los avales, que los servicios jurídicos estatales rechazaron elaborar para no afectar la » imparcialidad «del procedimiento.
Hay 29 exdirigentes y funcionarios encausados por los gastos exteriores del Procés para cubrir las fianzas por valor de esos 5,4 millones de euros que les impuso el órgano fiscalizador como paso previo a su enjuiciamiento contable.
El pasado septiembre, la Abogacía del Estado rechazó pronunciarse sobre la legalidad de estos avales al considerar que “no procede” un pronunciamiento sobre la cobertura del ICF para cubrir esa fianza porque es “parte” del procedimiento en el Tribunal de Cuentas. En consecuencia, el Tribunal de Cuentas confirma en un comunicado que «procede el embargo de los bienes y derechos».
