El escándalo está servido. La Comunidad de Madrid con su presidenta Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, pagará un millón de euros a 15 residencias privadas por el trabajo que aportaron durante los momentos más tensos de la pandemia del coronavirus en la región. Una decisión de la que se ha hecho eco la Cadena SER y que ha sido adoptada por la Consejería de Sanidad.
El departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero indemnizará a estos centros de mayores, a pesar de que algunos de ellos se encuentran bajo investigación, con causas abiertas, por presuntos delitos de homicidio imprudente por el fallecimiento de algunos residentes por Covid-19. El caso para silenciar las posibles negligencias sanitarias gestionadas por el PP de Ayuso son de una dimensión descomunal.
Después de que algunos de los familiares de las casi 6.000 personas mayores que perdieron la vida en las residencias de la Comunidad de Madrid llevaran a los tribunales la gestión de los sanitarios de estos centros, el Gobierno regional ha preferido echar balones fuera y transferir un millón de euros a cambio de evitar males mayores. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso apostó en la primera ola de la pandemia por la «colaboración público-privada«, en los centros de mayores públicos de la región.
Algo que, año y medio después, ha desembocado en el gasto de un millón de euros a cambio de dichos trabajos. La residencia, Ballesol Mirasierra, investigada por el fallecimiento de una decena de residentes durante el mes de marzo de 2020, recibirá casi 269.000 euros. Algo que para algunas personas que perdieron a familiares en dicho centro, lo consideran «un insulto».
