La justicia española no tiene solución. Se ha vuelto a ver con las elecciones al Tribunal Constitucional (TC). El acuerdo alcanzado entre PSOE y PP para renovar a cuatro magistrados con el mandato caducado desde 2019 arroja un nombre de difícil encaje en las perspectivas de perfiles moderados y técnicos que se presuponían desde que hace una semana se conoció que los dos principales partidos ‘dialogarían’.
Había que renovar el tribunal de garantías y de los otros órganos constitucionales. Pero como dice el chascarrillo, «se ha salido de la sartén para caer en el fuego». La incomprensible e infame elección de Concepción Espejel, una jueza marcada políticamente como indisimuladamente afín al PP, no es una elección jurídicamente imparcial para una más que conocida justicia politizada.
Los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional son: Ramón Sáez e Inmaculada Montabán, jueces de perfil ¿progresista como el PSOE?; y Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, de ideología conservadora. Con el ingreso de dos nuevas mujeres en el TC, suman ya tres, junto con María Luisa Balaguer, de entre los doce miembros que lo componen.
Concepción Espejel es, desde 2017, la actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, un nombramiento que generó mucha polémica por su pasado ligado directamente al Partido Popular y a su amiga María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP y exministra de Defensa. De hecho, Cospedal le impuso la orden de San Raimundo de Peñafort. Ya lo dice el refrán, «vuelve la burra al trigo»…
