La tensión generada en las dos formaciones del Gobierno a causa de la retirada del acta de diputado a Alberto Rodriguez puede hacer saltar por los aires al actual Ejecutivo.
La formación de Yolanda Díaz ha acusado al PSOE de querer «tirar por la borda» los avances logrados tras siete meses de intenso trabajo: el contexto que está propiciando la aparición en escena de Nadia Calviño para gestionar la reforma laboral está suponiendo una gota más que puede hacer colmar el vaso.
Pero la causa del enfado genuino de la formación morada viene de la decisión que tomase el pasado viernes la presidenta de la Mesa del Congreso, la socialista Meritxell Batet, que decidió retirar el acta de diputado a Alberto Rodríguez, yendo en contra del informe que en un primer momento publicó el equipo de letrados de la Cámara.
Señalamos que fue el primer informe porque ayer el letrado jefe consideró que había que respaldar la decisión que tomó Batet en contra del propio criterio expresado de manera argumentada y detallada por escrito por los propios letrados hacía solo una semana.
Desde Unidas Podemos, ya sin Alberto en el Congreso, el portavoz Pablo Echenique ha acusado al juez, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y responsable de la firma de la sentencia condenatoria contra el diputado canario de «hacer chantaje» con el objetivo de retirar el acta a un diputado electo. Además, se trataría, según Echenique de un «chantaje al que ha cedido Batet«, por lo que no le quedaría a la socialista más salida que la dimisión.
Denuncian desde la formación de coalición de gobierno de un «proceso lleno de irregularidades», de un «auténtico escándalo político» refiriéndose a la sentencia condenatoria que ha hecho retirar a Batet el acta a Rodríguez, a pesar de haber pagado la multa que sustituía la pena principal, un mes y quince días de prisión.
Una pena, que según la experta en Derecho Penal, Isabel Elbal, no existe en el ordenamiento jurídico, puesto que la menor pena posible de prisión en el ordenamiento español es de tres meses. Por esta razón, sería absurdo pretender que el diputado hubiera entrado en prisión, estando claro que la pena debería ser sustituida por otra, en este caso pecuniaria. El carácter de pena accesoria a la principal de la suspensión del derecho de sufragio pasivo (derecho a ser elegido en un proceso electoral) tiene vigencia durante la duración de la pena principal, por lo que en caso de ser esta sustituida, no tiene sentido plantearla.
Además, si se quisiera tener en cuenta la aplicación de esta suspensión del derecho de sufragio pasivo, se debería contemplar en caso de que concurrieran unas elecciones en ese preciso momento. Y en ese caso, Alberto Rodríguez, podría estar limitado a presentarse a ellas. Pero desde luego, la mayoría de los expertos coinciden en que la pena aplicada no debía suponerle la retirada del escaño al canario en ningún caso.
A pesar de que esto estaba señalado por el informe de los letrados, Batet decidió actuar como presidenta de la Mesa, desoyendo a la mayoría de los integrantes de la misma -que habían votado contra la retirada del acta-. Esta decisión le ha costado las críticas de Unidas Podemos, pero también incluso desde el propio PSOE, donde voces como la del diputado Odón Elorza han considerado que no se debía haber retirado el acta del diputado.
En un primer momento se anunció que Unidas Podemos iniciaría el proceso de denuncia a Batet por prevaricación. Pero inmediatamente después se aclaró que sería Alberto Rodríguez en solitario quien lo llevase a término, una cuestión que finalmente ha pasado a la vía del Tribunal Constitucional una vez que el ex diputado se ha dado de baja de la formación morada y ha puesto este asunto en manos de los abogados Boye y Elbal, defensores también de Carles Puigdemont. El primer paso ha sido enviarle una carta a Batet esta misma mañana.
