Insuficiente, ineficiente y poco convincente. Así califican las dos principales partes, propietarios e inquilinos, la primera ley estatal de vivienda, que el Consejo de Ministros aprobaba este martes. El anteproyecto que se tramitará de urgencia para que llegue «cuanto antes» al Congreso para su tramitación parlamentaria, como ha indicado en la rueda de prensa posterior la ministra Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
La ministra ha insistido en que la normativa dará «seguridad jurídica» tanto a inquilinos como a propietarios, porque dejará de considerar la vivienda «como un bien de mercado» para pasar a «consagrarlo como un derecho», y ha rechazado que vaya a suponer una retirada de fondos internacionales en el sector, dado que la ley aporta «seguridad jurídica» tanto a propietarios como a arrendatarios.
Sánchez ha intentado vender la ley como éxito progresista, añadiendo que esta «pretende configurar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar. Todos somos conscientes de que la vivienda es algo indispensable para el proyecto vital de cualquier persona», quien también ha indicado que la tramitación parlamentaria se hará por el procedimiento de urgencia para que pueda entrar en vigor en el segundo semestre de 2022, como figura en el Plan de Recuperación.
La polémica viene dada por su controversia que no deja contenta a nadie. Entre otras cosas, hay quien considera que las medidas planteadas son «altamente insuficientes» porque dejan su efectividad en manos de la voluntad política de las CCAA, y aseguran que «la medida estrella del Gobierno» (en referencia a la regulación de los alquileres) «nace estrellada» porque «deja fuera a la mayoría de inquilinos al dejar a voluntad de los gobernantes autonómicos [intereses territoriales] su aplicación en lugar de fijar condiciones objetivas».
[Detalles de la primera Ley de la vivienda]
