Patrimonio Nacional, un organismo público dependiente del Ministerio de la Presidencia, ha desembolsado 340.000 euros anualmente en forma de subvención a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos. Una cantidad que no ha tenido que justificarse durante muchos años y, de hecho, hasta 2014, la entidad pública no ha tenido en sus manos memorias justificativas de las actividades subvencionadas.
El procedimiento es contrario al que establece la Ley General de Subvenciones, que entró en vigor en 2004, y que obliga al beneficiario a rendir “cuenta” del uso que da al dinero recibido y al organismo que les concede a comprobar el buen uso del dinero público y la aquedada justificación.
El descontrol y la opacidad de Patrimonio Nacional comporta que posiblemente los monjes hayan recibido más dinero del que les corresponde, eso sin entrar en el debate que sea vergonzoso que un mausoleo franquista reciba ayudas públicas.
Utilizan esos 340.000 euros para «mantener el culto» o «seguir la evolución del pensamiento social», gracias a un decreto de Franco de 1957 que sigue en vigor. La veintena de benedictinos que viven en el Valle de los Caídos tienen pagados con dinero público la ropa, la comida, el teléfono, la «lavandera», los libros, el material de misa o las excursiones. Pero además el Estado también repara los edificios.
Ahora, esta falta de justificación porque el prior se ha negado a presentar un presupuesto de ingresos y gastos ajustado, en el que invierten las subvención, permite a la Administración solicitar el retorno de las cantidades percibidas y un interés de demora en la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, aunque a causa del desaguisado y la mala gestión de las subvenciones, ya estaría prescrito este derecho.
