La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, es, según las organizaciones de derechos humanos, una norma que fomenta la arbitrariedad de los agentes de policía y que provoca que los ciudadanos se autocensuren a la hora de protestar contra lo que consideran injusto.
Estos son algunos de los puntos más polémicos de la Ley de Seguridad Ciudadana, impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy, que fue aprobada en 2015 con los únicos votos favorables del Partido Popular:
Protestar ante el Congreso de los Diputados
El texto considera una infracción perturbar la seguridad ante el Congreso y el Senado, aunque los diputados y diputadas o los senadores y senadoras no estén dentro de los hemiciclos en ese momento. Queda a criterio de la policía decidir qué es y no es perturbar la seguridad. Precisamente esto, la falta de concreción, ha provocado críticas por parte de organizaciones como Irídia o Amnistía Internacional.
La resistencia pacífica
La ley mordaza permite multar a quien se niegue a disolver manifestaciones una vez lo haya ordenado la autoridad competente, en la mayoría de casos la policía. También recoge sanciones por la desobediencia y resistencia a los agentes policiales.
Detener un desahucio
Se contemplan sanciones a quien impida realizar su trabajo a cualquier autoridad o trabajador público que esté cumpliendo resoluciones judiciales. En la práctica, esto afecta de lleno a los intentos de los colectivos vecinales para detener desahucios.
Andrés Garcia Berrio, abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos Irídia, asegura que la sociedad, y también los poderes políticos, deben entender la protesta «como una forma de interpretar y ampliar nuestra democracia»
Fotografiar policías
La norma sanciona el uso no autorizado de imágenes o datos personales de policías, que pueda poner en peligro la seguridad de estos agentes. Sin embargo, el Tribunal Constitucional avaló toda la ley, salvo este punto, por considerar que se trata de censura previa.
Sin embargo, este punto sobre la captación de imágenes ha estado vigente hasta hace un año y esto ha hecho, según Amnistía Internacional, que los principales afectados por la ley mordaza hayan sido «ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse, pero también periodistas que estaban realizando su trabajo», según explica el responsable de relaciones institucionales de la entidad en Catalunya.
Policías y guardias civiles se quejan de que la reforma les deja «indefensos»
Los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles manifestaron su rechazo unánime a las propuestas para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana porque entienden que las modificaciones les reducen la capacidad de actuación y les dejan «indefensos».
Entre los cambios planteados por PSOE y Unidas Podemos y que deben consensuar con el PNV, hay que las detenciones de indocumentados para identificarlos no sobrepasen las dos horas (actualmente el máximo es de seis) o que tomar fotografías en operaciones policiales deje de ser sancionable, salvo si afectan al derecho a la intimidad o la seguridad de los agentes.
Para Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, la reforma es un «despropósito inadmisible» y remarca que difundir imágenes de actuaciones policiales supone «un riesgo grave para la integridad física» de los agentes y sus familias.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también es crítico con la reforma, que definen como «una serie de propuestas irracionales, algunas de imposible cumplimiento, que coartan la operatividad de la policía y ponen en riesgo a los agentes».
La reforma de la ley mordaza «está pensada únicamente para una parte de la ciudadanía» y se olvida de esa parte «que ve su vida alterada por comportamientos incívicos», según la Confederación Española de Policía.
Desde la Guardia Civil, Jucil, asociación mayoritaria en el cuerpo, entiende que la reforma responde «más a criterios políticos que jurídicos».
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se alerta de que la reforma llega en un momento en el que «sigue creciendo el número de agresiones a los agentes» y es «altamente inoportuna» porque les «deja aún más indefensos».
