El Tribunal de Cuentas ha dado un paso más en el proceso contra la treintena de ex cargos de la Generalitat a quienes atribuye gastos irregulares por el 1-O y la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2018, según publica La Vanguardia. La presidenta del Tribunal, Margarita Mariscal de Gante, que fue ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, ha aprovechado el plazo que le queda al cargo -no ha sido reelegida como miembro de esta institución- para abrir la fase de enjuiciamiento y emplazar a la Fiscalía ya las partes acusatorias personadas para que presenten una demanda formal contra Carles Puigdemont, Artur Mas y el resto de ex miembros del Govern que constan en el proceso.
Todos ellos serán notificados en los próximos días del cambio en la situación del expediente. El Tribunal de Cuentas ha decidido unificar la causa del 1-O y la de la acción exterior. Mariscal de Gante justifica el traslado a la fase de enjuiciamiento una vez “visto el contenido de las conclusiones del acta de liquidación provisional de 28 de enero de 2020 y del acta de liquidación provisional de 29 de junio de 2021” que les impuso la obligación de depositar fianzas de 4,1 millones de euros por el 1-O y 5,4 millones de euros por la acción exterior del Govern.
Todo ello a la espera de que se materialice la llegada de los nuevos consejeros del Tribunal de Cuentas nombrados por el Congreso y el Senado el 11 de noviembre. La nueva composición situará a la mayoría en manos del sector progresista y deja fuera de este órgano la práctica totalidad de vocales que impulsaron el proceso contra los líderes independentistas por la acción exterior de la Generalitat.
Todos los nombres que habían sido designados por el PP salen del ente mientras que de los miembros actuales sólo se mantienen dos consejeras propuestas por el PSOE. Se trata de Enriqueta Chicano y Dolores Genaro. Esta última fue la consejera que presentó un voto particular en el que denunciaba que el informe de 2019 sobre los gastos de Exteriores estaba sesgado y contenía exageraciones. Por el contrario, el acuerdo releva a la exministra de Justicia del PP Margarita Mariscal de Gante, que debía juzgar el caso.
