El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha seguido el planteamiento de la Fiscalía y ha rechazado abrir una investigación contra el actual Govern de la Generalitat por los avales prestados por el Instituto Catalán de Finanzas a los cargos públicos que están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas.
De esta manera rechaza la admisión de las denuncias que fueron presentadas por Vox, Convivencia Cívica Catalana y Ciudadanos contra el Govern, presidido por Pere Aragonés, que les acusaban de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Según el escrito de Fiscalía: «la mera articulación de un mecanismo de aval que, de forma provisional, garantice las exigencias cautelares de un procedimiento judicial o administrativo que involucre a un funcionario o autoridad, no implica en sí misma que cause un perjuicio al patrimonio público ni, por tanto, un delito de malversación de fondos públicos».
En este mismo sentido, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consideran que la Generalitat «sigue conservando el control sobre los recursos y dispone de un procedimiento ejecutivo que garantiza su retorno. Sólo se podría perseguir a los miembros del Gobierno si el aval se ejecuta y después no se pide su reingreso».
Un mecanismo que está perfectamente descrito en la norma que fue aprobada por el Parlament, que precisamente establece el mecanismo de protección para personal público que, en función de su cargo, sea investigado y se le pida, como en este caso, un aval. En caso de resultar condenados, con sentencia firme, el compromiso firmado es tener que devolver estas cantidades y responder con su propio patrimonio.
