Un juez de Andorra admitía a trámite hace un año una querella contra Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro por presuntas coacciones a las autoridades del Principado para obtener información bancaria de políticos independentistas catalanes -entre ellos los Pujol- («Operación Catalunya») y por enviar información supuestamente falsa al Departamento del Tesoro de EEUU para forzar la intervención y liquidación de Banca Privada de Andorra (BPA) por blanqueo de capitales.
La sección de Instrucción 2 de los juzgados de Andorra acordó que se practicaran diligencias para esclarecer los hechos denunciados por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) en el escrito de ampliación de querella formulado el 16 de julio de 2019.
La petición de investigación se dirige también a otros tres antiguos altos cargos del Gobierno de Rajoy: Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior; Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, e Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía. A éstos les atribuye la comisión de delitos de coacciones, amenazas, extorsión y chantaje. Ahora la justicia andorrana podrá citar como querellados a todos ellos por estar implicados en la trama que destapó al excomisario Villarejo a través de sus documentos.
Un comunicado del l’Institut de Drets Humans d’Andorra (Instituto de Derechos Humanos de Andorra) y de la plataforma catalana Drets, asegura que también se ha pedido que si los implicados no quieren comparecer se dicte la orden de investigación y captura internacional a través de la Interpol. Esta investigación ha podido avanzar gracias a que la juez andorrana ha confirmado que las notas de Villarejo «eran notas policiales y oficiales».
