La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo da la voz de alarma y asegura «que no puede dar respuesta a la avalancha de recursos si no se habilitan con urgencia medidas de refuerzo», según ha recogido Europapress.
Considera indispensable el nombramiento de cinco magistrados «con sólida experiencia civil en las Audiencias Provinciales» para que, en comisión de servicios en el gabinete técnico sirvan de apoyo y se evite «el colapso» al que se están enfrentando.
Además, se prevé una avalancha de casos a los que temen no poder hacer frente.
Esta valoración y solicitud se ha llevado a cabo mediante un informe emitido por el presidente de la Sala, Francisco Marín Castán, que ha sido aprobado por la Sala de Gobierno del Supremo, en el acuerdo del 15 de noviembre.
El presidente de la Sala de lo Civil advierte de que, sin sumar estos cinco jueces necesarios, «la Sala no es capaz de dar respuesta adecuada a la avalancha de recursos y ha asegurado que no podrá asumir un incremento como el que se prevé».
Señala además de que el perjuicio a la Administración de justicia será doble: no sólo se elevarán los tiempos de respuesta de resolución de los recursos, en términos que serán ya inasumibles, sino que la dedicación de la Sala quedará absorbida por la resolución de recursos repetitivos, que más allá de la resolución del caso concreto, nada aportan a la formación de jurisprudencia». En estas circunstancias, ha señalado el presidente de la Sala, «será imposible que la Sala desarrolle su función esencial de tribunal de casación en el resto de materias, con la negativa repercusión que ello produce en la litigiosidad civil que, a falta de criterios unificadores, seguirá su línea ascendente tanto en primera como en segunda instancia».
A pesar de que la Sala ha llevado a cabo medidas de reorganización para poder hacer frente al aumento evidente de casos, no son suficientes.
El orígen de esta dificultad viene de la decisión del Gobierno que reguló y limitó las funciones del CGPJ mientras estuviera «en funciones». Algo que en el próximo mes de diciembre cumplirá 3 años.
Hasta la decisión del Gobierno, el CGPJ tenía la potestad de hacer estos nombramientos. Sin embargo, en vista de que la situación podía extenderse en el tiempo sin límite, el Gobierno decidió limitar las funciones de un Consejo General del Poder Judicial que ha expirado hace ya casi tres años su mandato.
