El Tribunal Supremo ha acabado con cinco años de disputa judicial entre la sociedad pública española dedicada a la construcción naval civil y militar, Navantia, y una empresa auxiliar que le reclamaba más de un millón de euros por la cancelación de dos contratos del programa de submarinos S-80.
Los sumergibles hubieron de ser rediseñados ya que en su estructura original presentaban un desvío en el balance de pesos que afectaba a su flotabilidad y, en consecuencia, constituía un riesgo de seguridad al limitar la maniobrabilidad y la capacidad para emerger de la nave.
La rescisión unilateral fue la que llevó a esta empresa a los tribunales para reclamar los costes en los que había incurrido, básicamente el almacenamiento del material y los laborales, incluido un ERE para parte de la plantilla mientras la actividad estaba paralizada y los posteriores despidos, así como el beneficio industrial no percibido por la obra que restaba por hacer.
Así, los astilleros públicos estatales deben indemnizar a esta empresa con 30.000 euros de gastos por el ERTE, 271.000 euros por el beneficio industrial no percibido, y 44.000 euros por el alquiler de la nave en la que custodiaban el material. “Nos han dejado al borde de la ruina”, se quejaba en 2018 el entonces presidente, Pedro Fernández Calderón, en declaraciones a La Verdad, de Murcia.
