En el día de ayer, 13 de diciembre, fue presentado recurso contencioso administrativo por parte del abogado Curro Nicolau Castellanos ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por el escrito enviado a las familias «Vacunación Covid-19 en población infantil de 1 a 11 años».
Señala el escrito presentado que, «según ha sido remitido por la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana a los Centros Educativos, se confiere un plazo de 24 horas para que los padres, madres o tutores legales entreguen al centro el formulario indicado» y «que teniendo en cuenta que los actos administrativos son contrarios a Derecho y vulneran diversas Leyes y la propia Constitución Española (…) se presenta recurso contencioso administrativo por la vía especial del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona«.
Sin tiempo para poder reaccionar
El escrito detalla que «Según se desprende de la propia Resolución, se confiere un plazo de 24 horas para que se complete un formulario donde debe adoptarse una decisión muy importante para las familias. Un plazo que resulta del todo improcedente y que todo el mundo ha conocido el mismo día de hoy, sin que haya posibilidad de respuesta. Una orden de la Conselleria directa a los centros educativos y a los padres y madres sin posibilidad alguna de ser rebatida, teniendo en cuenta el mínimo plazo de 24 horas concedido» y se cita expresamente la parte de la carta donde se indica: «Aquesta informació haurà de ser traslladada de manera urgent a les famílies el mateix dia 13 de desembre, indicant que el centre haurà de disposar de la documentació signada per les famílies al llarg del matí del dimarts dia 14 de desembre.»
Sin presencia de los padres y posibles riesgos
Se señala, también que «en la carta se indica que la vacunación se realizará en el propio centro educativo sin presencia de los padres. Teniendo en cuenta que la vacuna puede tener efectos adversos en cualquier persona es una grave temeridad que se realice en un centro educativo la inoculación de la vacuna debido a que no existen elementos sanitarios de ayuda en caso de cualquier situación de reacción adversa. A mayor abundamiento, los padres y madres no podemos estar junto con nuestros hijos menores de 11 años ya que no se contempla en la carta. Y es fácilmente comprensible el momento de angustia o miedo que pueden sufrir los menores así como sus familiares ante una situación atípica y con alto contenido de estrés emocional. Además de posibles efectos adversos que se puedan dar sin que los padres puedan estar presentes. Todo ello teniendo en cuenta que no se está dando la posibilidad por parte de la Generalitat Valencia de vacunar a os menores de 11 años en otros centros. Es realmente una temeridad y un atentado directo contra el derecho de la vida de los menores. Infringiendo a su vez la reciente Ley de la infancia y del menor».
Explica el escrito que en muchos casos «resulta imposible que se pueda obtener la firma de ambos progenitores y tampoco resulta procedente que una decisión de este tipo deba ser contestada en un plazo tan inmediato. Resulta una medida, por lo tanto, del todo desproporcionada».
Se detalla que «igualmente parece totalmente una negligencia que las vacunas se inoculen en los centros educativos y no en los centros sanitarios, donde lógicamente se cuenta con medidas de urgencia para el caso que hubiera cualquier tipo de reacción adversa a la vacuna en los menores. Asimismo se impide a los progenitores asistir al acto de la inoculación de la vacuna en los menores lo que puede llevar a situación de mucho estrés psicológico en los menores como resulta del todo evidente».
Se indica que «es inadmisible y contrario a Derecho que la Conselleria citada esté actuando de esta manera y un grave atentado contra los derechos de las familias y los menores. Dejando bien claro que este recurso no se dirige contra la necesariedad o no de la vacunación, cuestión que será elección libre de cada familia. Por lo tanto no se pretende de ninguna manera la suspensión de la vacunación, se pretende el derecho a la elección en condiciones legalmente establecidas y que protejan en todo caso la Salud y vida de los menores y sus familias así como la normativa de protección de datos sanitarios».
Protección de datos
Añade el escrito otra cuestión relevante, como es el hecho de que «los datos que se solicitan son de carácter estrictamente personal. No se ha comunicado ningún protocolo para poder tener el archivo y custodia correcta de esos datos según la normativa de protección de datos, debiendo comunicar si se desea o no vacunar al menor. Datos que se deben entregar directamente al centro educativo lo que vulnera cualquier normativa sobre protección de datos sanitarios que guardan de un nivel máximo de protección».
Solicita el letrado que se adopte la medida cautelarísima consistente en suspender la eficacia de los actos recurridos.
