El tema es más serio, preocupante y delicado, de lo que muchos quieren evitar. El Govern impulsará una «ofensiva legislativa» para mantener la inmersión lingüística en las escuelas catalanas, intensificará las inspecciones en los centros y pondrá más profesorado en las aulas afectadas por sentencias como las de la escuela de Canet de Mar.
La obligación a esta de impartir un 25% de los contenidos en castellano está fuera de lugar y contexto con una normalización lingüística que ya funcionaba. Se trata de una estrategia avalada de forma amplia por la comunidad educativa y que buscará el apoyo de todos los partidos que históricamente han impulsado este modelo, incluyendo al PSC.
Pere Aragonès, president de la Generalitat, ha afirmado que «Ante la ofensiva política, mediática y judicial contra la escuela catalana, tomamos decisiones para afianzar la inmersión y su funcionamiento», en una declaración institucional tras la segunda cumbre extraordinaria por la lengua celebrada en la Generalitat y que ha contado con la participación de más de 40 entidades del mundo educativo, asociativo, cultural, sindical y en defensa del catalán.
Así, se pondrá en marcha el plan para promocionar el uso del catalán en los centros educativos, en retroceso en los últimos años. El Govern de la Generalitat de Catalunya explorará amplios consensos políticos para sacar adelante este plan, y Aragonès ha asegurado que buscarán acuerdos con «las fuerzas que desde siempre han impulsado la inmersión», incluyendo implícitamente al PSC…