Lo que ocurre en las FFAA españolas no tiene nombre. Esta vez el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa ha expedientado a varios generales de las Fuerzas Armadas por ‘okupas’. Les ha abierto despacho de desahucio por las viviendas de uso militar que tienen asignadas en bases, como la de Rota (Cádiz) y San Javier (Murcia), mientras que estos están destinados en Madrid.
Singularmente, los grupos parlamentarios del PP y Vox en el Congreso de los Diputados han solicitado recientemente que el Ministerio de Defensa refuerce los controles en las viviendas destinadas a militares, y que para ello aumente las inspecciones físicas a esos domicilios. De sobras es conocido el uso y abuso de ciertas castas de mandos en el anacrónico régimen castrense español.
El objetivo, según indica ahora ECD, sería detectar posibles ocupaciones “fraudulentas”. Vamos, lo que se conoce como ‘ocupación ilegal de un inmueble’. Diputados de ambos partidos han hecho esa petición a cuenta del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa relativo al año 2017.
En dicho informe, el Tribunal de Cuentas recoge que en 2017 se detectaron casos en los que no se justificó la ocupación de la vivienda según los requisitos exigidos por la ley, pero pese a ello no se tomaron medidas y continuaron “la ocupación irregular de la vivienda y el cobro del canon”. Porque encima hay dinero por medio. Estos Generales se han quejado al Ministerio de Defensa y al JEMAD.
Las viviendas que mantienen ilegalmente en esos otros puntos de España suelen ser de uso familiar, o las utilizan en fines de semana, vacaciones… Ese digital señala que estos altos mandos mantienen también estas segundas viviendas en bases militares con la esperanza de poder volver a ellas cuando pasen a la reserva y cesen en los destinos que tienen en Madrid.
