Decisión de infamia democrática. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado la revocación de la Medalla de Oro de Barcelona al exministro franquista Rodolfo Martín Villa, concedida en 1976 y retirada en 2017. Un caso que evidencia el fracaso de la transición democrática y la carencia de actualización del sistema judicial.
Martín Villa recurrió al TSJC la retirada de la medalla, después de que el juzgado contencioso-administrativo número 11 de Barcelona desestimara en el 2018 el recurso por la revocación. En marzo de 2017, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona acordaba retirarle con el consenso de todos los partidos, salvo el democrático Partido Popular, que se mostró contrario, y Cs que se abstuvo.
El exministro de Interior está siendo procesado por la juez argentina María Servini, tal como indicamos desde Las Repúblicas, quien investiga los crímenes del franquismo, por homicidios y torturas durante la dictadura franquista y la transición, tal como informamos. Concretamente, le investiga por el asesinato en 1977 del joven Arturo Ruiz; por la conocida como ‘Matanza de Vitoria’, en la que murieron 5 obreros; por la represión policial durante las fiestas de los Sanfermines de 1978 y de 5 muertos más durante la Semana Pro Amnistía de 1977. Un expediente que hace más que comprensible, en una democracia, la retirada de una Medalla de Oro, pero que parece no ser suficiente para el TSJC.
Martín Villa también fue procurador en las Cortes y gobernador civil de Barcelona al término del franquismo y, ya durante la transición y la democracia, fue ministro, vicepresidente y diputado del PP en el Congreso. En el 2019, el plenario de Barcelona revocó, por último, las 10 medallas concedidas por el ayuntamiento franquista con el voto a favor de todos los grupos, excepto del PP, que se negaba y se niega a depurar responsabilidades.
La sentencia del TSJC
La sentencia estima el recurso de apelación y se basa en la aplicación del Reglamento Municipal del propio Ayuntamiento de Barcelona del año 2012, que mantuvo las distinciones concedidas a todas las personas y entidades corporativas al amparo del Reglamento Municipal anterior del año 1950. El acuerdo municipal de retirada de medallas de oro se había basado en el artículo 6 del reglamento Municipal del año 2012, que introdujo la posibilidad de revocación de las medallas por actos desmerecedores de su concesión, no contemplada en el anterior reglamento de 1950.
La sentencia considera que la retirada es posible cuando se produzcan hechos coetáneos no conocidos en el momento del otorgamiento, o por actos o manifestaciones contrarias a motivos que justificaron la concesión (términos utilizados por el artículo 6.1 del Reglamento municipal de 2012) , pero en ningún caso en base a realizar un nuevo juicio de valor o concesión o por razones de oportunidad, lo que no está contemplado en el citado artículo 6 del Reglamento.
El reglamento de 2012 expresamente había mantenido todos los honores y distinciones concedidos anteriormente, sin que exista habilitación normativa para revocar la distinción concedida, por lo que en los términos en los que ha ejercido su potestad la corporación local no se encuentra habilitación legal y excede de la previsión de su propia regulación. La sentencia cuenta con el voto particular de dos magistrados favorables a la anulación de la medalla.
La defensa de Martín Villa
En sus alegaciones, Martín Villa detecta defectos de forma en la revocación, pero también niega su responsabilidad en el encarcelamiento del periodista Josep Maria Huertas Claveria o en los fusilamientos de septiembre de 1975. También se desvincula de los hechos de Vitoria. “Las atribuciones de responsabilidad no sólo son huelgas y genéricas, sino que del análisis pormenorizado de los informes ni siquiera se sostienen. El simple alarde de un cargo no permite que se me imputen todos los hechos acaecidos durante ese periodo”, argumenta el exministro de Franco.
