La represión judicial española contra Catalunya, a pesar de una normalización lingüista consolidada en el territorio, ha hecho que los ciudadanos hayan dicho basta. Treinta familias de P5 de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, en el Maresme, Barcelona, han decidido presentar un recurso contencioso administrativo para «revertir la situación» actual, las medidas cautelares que obligan a realizar el 25% de las clases en castellano para que lo pidió una familia.
Lo anunciaron esta mañana en una rueda de prensa en Canet, en la que aseguraron que lo hacen porque «nadie» les ha permitido defenderse de otro modo contra una medida que consideran «injusta y arbitraria», que «se’ escapa a todos los criterios pedagógicos» y que no tiene «ningún argumento lingüístico ni social».
En este «nadie» sitúan tanto a la familia que ha pedido el 25% como al Departamento de Educación, entre otros. Actúan, por tanto, como parte demandada. Según el abogado Benet Salellas, es la primera vez que las familias entran en esta batalla legal, que hasta ahora estaba sólo entre la familia demandante y la Generalitat. Salellas también ha explicado que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tiene «unos días» para decidir si acepta que las familias se incorporen a la causa.
Van a los tribunales, también, porque creen que «el alumnado debe quedar al margen de cualquier tema político», y aseguran que «la demanda interpuesta por la familia denunciante tiene un carácter totalmente político» y «tiene como objetivo atacar el proyecto educativo del centro». Un proyecto educativo que, recuerdan, tiene «consenso» y «ha sido aprobado por el claustro y el consejo escolar».
