En el ámbito del independentismo catalán ha habido mucha confusión desde que la semana pasada Borrás pareciera dar un paso atrás y dejar pasar la inhabilitación del diputado de las CUP, Pau Juvillà.
Desde el primer momento, Borrás había afirmado en reiteradas ocasiones que llegaría «hasta el final» para defender la soberanía parlamentaria. Que estaba dispuesta a arriesgar su propia presidencia, con inhabilitación incluída y posible condena penal, si fuera necesario. Lo dijo con contundencia, sin dobles sentidos. Dio la cara y caminó, de hecho, en ese sentido llegando a denunciar internacionalmente a los demás parlamentos europeos lo que estaba sucediendo en el catalán: la injerencia de un organismo con es la Junta Electoral en la soberanía parlamentaria. Una cuestión sin precedentes ni comparación en otras latitudes.
De hecho, esta iniciativa que promovió Borrás, tuvo respuesta en algún parlamento europeo en señal de resolución de denuncia y apoyo.
Mientras Borrás daba la cara por esta postura, el president de la Generalitat, Pere Aragonés también aplaudía y apoyaba. Todo eran afirmaciones, respaldo a la presidenta y una sensación de coordinación hacia el exterior. Algo que no estaba dándose de puertas hacia dentro, donde las negociaciones no conseguían dar frutos.
Se faltó a la verdad cuando se dijo que había sido Laura Borrás quien había decidido que Pau Juvillà no fuera convocado al pleno celebrado a finales de la semana pasada. Y es que la convocatoria específica a los diputados la hace cada formación política, atendiendo a las circunstancias especiales de pandemia (que requiere un número de diputados de forma presencial y otro número de manera telemática para garantizar el aforo). Era, por lo tanto, las CUP quien decidía qué diputado debería ser convocado y no la presidenta. Así lo confirmó además la Secretaria General del Parlament días después.
Fue Jaume Alonso Cuevillas quien, en una entrevista dada en la radio la mañana del viernes, explicó con claridad lo que había sucedido: las negociaciones entre las formaciones independentistas no habían dado fruto alguno. La postura que, parece ser tenían desde la CUP era tendente a que Borrás desobedeciera ahora a la JEC y se expusiera, para después acatar la sentencia del Supremo que confirmase la condena a Juvillà. O sea: la inmolación de la presidenta para nada.
Desde ERC tampoco parecían proponer algo concreto como estrategia conjunta entendiendo que, si la presidenta daba ese paso, lo hacía para preservar la soberanía parlamentaria e iniciar una batalla institucional contra la represión. Desde la postura de Borrás, como explicó Cuevillas, se planteó establecer una «desobediencia colectiva» que implicase precisamente dejar vacíos los escaños a medida que se fueran produciendo desobediencias por parte de los representantes públicos. Una decisión que no comprometería al funcionariado del parlamento y que lo único que pondría en juego serían los cargos de los actuales dirigentes políticos. Desde JxCAT estaban dispuestos a hacerlo, pero no obtuvieron respuesta ni desde las CUP ni desde ERC.
Según ha informado El Nacional, el texto que presentaba Borrás como propuesta de acuerdo planteaba que habría que mantener la desobediencia ante cualquier futura inhabilitación: «Todos los grupos se comprometen a no cubrir eventualmente vacantes por inhabilitación, sin perjuicio del derecho de los diputados a renunciar voluntariamente a su escaño». También planteaba el compromiso del Govern de la Generalitat de cara a respaldar al Parlament, «incluso en contra de resoluciones judiciales o administrativas».
Subraya El Nacional que contrariamente a lo que se había dicho, en esta propuesta de Borrás no se hace referencia alguna de manera expresa a la sentencia del 25% del castellano en las aulas por parte del TS. Sí que señala la necesidad de plasmar en una resolución parlamentaria, que debería aprobarse en pleno, admitida previamente por la Mesa del Parlament a trámite, lo siguiente: «Compromiso público y firmado de las tres formaciones de respetar los anteriores puntos. Para dotarlo de mayor solemnidad se llevará al pleno en forma de propuesta de resolución. La mayoría independentista de la Mesa lo admitirá a trámite».
De esta manera fue como Borrás planteó la propuesta a las formaciones independentistas, advirtiéndoles de que si no había propuestas o apoyo a la misma, 24 horas después dejaría que los acontecimientos siguieran su curso respecto a Juvillà, tal y como sucedió. Y es que ERC y las CUP consideraron la propuesta carente de sentido, aduciendo que no tenían detalles concretos para poderla apoyar.
