Amanece hoy en España y parece que no paran de caernos bofetadas desde el exterior.
The Economist ya nos ha bajado la nota flamante de la que tanto se presumía cuando a nuestros dirigentes se les llenaba la boca de «democracia plena» mientras las imágenes de aquél 1 de octubre en Cataluña no hacían saltar las costuras. Incluso a este diario que se dedica a hacer su lista anual sobre 164 países del mundo, ya le pareció mal entonces que el Gobierno español reaccionase de tal manera ante lo que, sin más, podía haberse considerado una manifestación masiva de expresión popular. Ahí ya me temo que lo de «democracia plena» dejaba de cuadrarle a más de uno.
Y desde entonces pusieron el foco en lo que sucedía en la «piel de toro» para ver qué nos estaba sucediendo. Para entender por qué algunos señalaban al jefe de Estado como posible muñidor de la estrategia que consistía en cambiar las sedes de no pocas empresas que hasta entonces se ubicaban en territorio catalán. Igualmente, durante el juicio a los líderes del procés, el foco se puso en la Sala Segunda del Supremo, dirigida por Marchena, donde sucedieron hechos que para la memoria y para el estudio jurídico quedarán. Nos miraban desde fuera, sigilosos, y más de uno alucinaba.
Organismos internacionales, ante la gravedad de lo que estaba sucediendo aquí, con prisiones preventivas inasumibles, con vulneración de derechos fundamentales, con persecución y falsas acusaciones, comenzaban a alertarse. Han sido flojos, cierto es, pero han ido avanzando las críticas desde distintos ámbitos que han señalado a España como un estado donde la libertad de expresión le cuesta a activistas, artistas y políticos su libertad.
Mientras tanto, no se ha perdido la oportunidad de incidir en escándalos. Los de las togas son los que han servido para The Economist en esta ocasión, y los que le han costado a España la bajada en el ranking flamante, para ser degradada a «democracia defectuosa». Porque los que gobiernan a los jueces (si puede decirse así), llevan tres años agarrados a sus sillas sin querer soltarlas. Echan la culpa a la falta de voluntad política (que también), pero esta cuestión pone de manifiesto la dependencia evidente entre el poder político y el judicial, algo que en una «democracia plena» no podría darse. Claro es, también, que los del CGPJ podrían dimitir haciendo gala de su conciencia democrática y de paso, constitucional. Pero parece que no están por la labor.
No ha sido el único caso donde regenerar, incluso por mandato imperativo de la ley, ha dado «pereza». Sucedió en el Tribunal Constitucional y sucedió también en el Defensor del Pueblo. Dos organismos que evidentemente deberían tener que ver algo con el funcionamiento de la democracia.
Las constantes sentencias que nos caen desde Estrasburgo también supongo que hacen pensar desde fuera que España debería ponerse las pilas con lo que tiene que ver con la protección de los Derechos Humanos.
O, sin ir más lejos, esa flamante ley mordaza, que por mucho que hayan querido meterle mano, sigue dando zarpazos.
Un Estado que no cuida de sus mayores, que no da oportunidades a sus jóvenes, de cuyo territorio salen espantados los investigadores porque aquí ni se los valora, ni se los cuida, ni se les garantiza un futuro digno. Un país, en definitiva, que se ha convertido en un paraíso para quienes ven negocio en nuestra salud, en nuestras viviendas, en nuestros bienes más básicos ha recibido hoy un bofetón merecido, y dicho sea de paso, que esta degradación se produce durante «el gobierno más progresista de la historia» de la nueva «democracia española».
Ese gobierno que no ha dudado un momento en hacer de escudero de Biden y lanzarse sin pensar contra Rusia. Menos mal que otras potencias europeas como Francia o Alemania han decidido tomarse el supuesto conflicto con Rusia de otra manera. Está claro que con actitudes como la de España nos habríamos metido todos en un buen problema. No sabemos llamar a la calma porque quizás, digo quizás, las presiones y las entregas de nuestros dirigentes sean de tal calibre que, en realidad, no sepan ya ni qué suelo pisan.
Por si todo esto fuera poco, un país como México, en voz de su presidente, López Obrador, anuncia ayer que de momento se da un tiempo con España. Que está harto de que le saqueemos. Otro bofetón cargado de razones, puesto que las empresas españolas que allí operan parecen seguir pensando que las américas son el lugar donde aprovecharse sale gratis. Parece que ya no. Veremos. De momento al ministro de Exteriores, Albares, las palabras de López Obrador le han sonado a chino. No entiende a qué se refiere y ha preferido «hacerse el Sueco» antes de tener que reconocer que, de momento, nos han dado una bofetada con la mano abierta. Aunque solamente sea, de momento, a título de comunicación pública.
Quitarle importancia a las cosas que pasan, día a día, termina saliéndonos caro. A ver si se pensaban algunos que el espectáculo de Llarena va a pasar desapercibido: llegarán más noticias desde la justicia europea y mucho me temo que veremos de nuevo los suspiros de España (y sus lágrimas).
Consecuencia, en definitiva, de estar en manos de aquellos que están más preocupados de mantener sus distinguidas posaderas en las sillas forradas de terciopelo, que de resolver los problemas que tiene la población de un país esquilmado (no sólo le pasa a México), de una población sin voz (amordazada) y de una sociedad cada vez más desconfiada de lo que estos dirigentes tengan que contarnos.
