La jueza que investiga el caso, a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía, ha imputado varios delitos a la directora de la residencia de Tremp en la que fallecieron 64 personas mayores durante la pandemia de Coronavirus.
También se ha imputado a la religiosa responsable higiénico sanitaria del geriátrico.
Aunque sus nombres han sido publicados en diferentes medios de comunicación, desde Las Repúblicas consideramos que, hasta que no exista una sentencia firme, debemos velar por el principio de presunción de inocencia y mantener su anonimato, puesto que por el momento el proceso está en fase de investigación y aún no se ha dictado sentencia contra ellas. Algo que conviene recordar para evitar que se les juzgue de manera pública.
La magistrada, de la denuncia presentada por la Fiscalía, ha estimado pertinente abrir dos piezas separadas: una por presunto homicidio imprudente y vejaciones y otra causa por un posible delito contra la seguridad de los trabajadores del centro al exponerlos al contagio.
La jueza ha solicitado que el Institut de Medicina Legal y Ciencia Forense le haga llegar una serie de informes así como un dictamen sobre los residentes fallecidos.
Por el momento se ha imputado a estas dos responsables, aunque queda la puerta abierta a investigar a todo el personal que haya podido tener que ver en la toma de decisiones y en las acciones realizadas.
La Fiscalía apunta en su escrito de acusación a que la religiosa, responsable higiénico sanitaria, «habría incurrido en gravísimas disfunciones y déficits organizativos con decisiva influencia en el contagio de 42 trabajadores de un total de 64 y en el fallecimiento de 64 residentes«. Se trataría, según la Fiscalía, de incumplimiento del plan de contingencia, de falta de previsión, control y supervisión por parte de la dirección del centro, así como la no asunción de las recomendaciones establecidas por la Consellería de Salut.
Entre las irregularidades que están siendo investigadas, se encuentran los registros de temperatura de personas que ya habrían fallecido, y se investiga si se produjo desatención médica adecuada para cada caso. También se investiga el hecho que apunta a que se mantuvo a personas infectadas en contacto con otras, provocando así los contagios de usuarios en lugar de haberles protegido.
Se investiga también si los usuarios fueron atendidos correctamente o si, por el contrario, no se les alimentó, aseó y mantuvo en condiciones adecuadas, pudiendo incluso llegar a pasar «frío y sed».
Se pone también el foco sobre la imposibilidad de tener contacto con los familiares que estaban fuera del centro, especialmente en los últimos momentos de sus vidas. Por otra parte, la información dada a los familiares, que según se apunta, en algunos casos habrían estado recibiendo información que afirmaba que su familiar residente se encontraba bien, cuando en realidad llevaba días fallecido.
