Se prevé que el pleno que tendrá lugar esta tarde, a las 19.00 horas, sea intenso. Por el momento, está previsto que se realice a puerta cerrada y sin difusión, algo que según se reclama por parte de los vecinos de Sant Andreu de la Barca, debería reconsiderarse, a tenor de la importancia de los hechos que allí se abordarán.
Y es que, como publicaba este fin de semana Nació Digital, el Ex alcalde del PSC habría cobrado 86.500 euros por dietas irregulares según un informe de la Oficina Antifraude. No habría sido el único, puesto que se reclamarán cantidades indebidamente cobradas por parte de concejales de la misma formación política y también de una concejala de Ciudadanos.
El que fuera alcalde del PSC, Llorca, renunció voluntariamente a la alcaldía de Sant Andreu de la Barca en el mes de julio pasado, en 2021, después de 26 años, alegando «motivos personales» y vinculando su decisión al «desgaste producido por la pandemia».
Mientras estaba al frente del ayuntamiento, continuaba trabajando como médico, fuente de su salario principal. Solamente cobraba del consistorio las dietas por asistir a las reuniones de los órganos colegiados del Ayuntamiento así como de la Diputación de Barcelona. Sin embargo, según ha detectado la Oficina Antifraude, las cantidades que estaba percibiendo por parte del consistorio habrían sido irregulares.
La investigación abierta por la Oficina Antifraude tuvo su origen en la denuncia presentada por uno de los grupos municipales de la oposición, Fem Sant Andreu (grupo formado por ERC y la plataforma de Vecinos por el Cambio) en el mes de marzo de 2021.
Esta denuncia provenía a su vez de la certificación de irregularidades por parte de la Diputación y de la secretaría municipal, a finales de 2020.
El informe de la Oficina Antifraude señala que las dietas del que fuera alcalde por el PSC por asistencia a las reuniones de los órganos colegiales suponían una cantidad entre un 64 y un 76% de la retribución máxima por dedicación exclusiva que se recibiría como alcalde entre los años 2015 y 2019, lo que a efectos prácticos se consideraba «una auténtica retribución por dedicación parcial» y por esta razón, desde Antifraude instan al Ayuntamiento a que se inicie un procedimiento de revisión de oficio, así como un procedimiento de reingreso de las cantidades satisfechas indebidamente que ascienden a un valor en caso del alcalde de 86.511 euros en relación a los últimos seis años de ejercicio.
Según indica NacióDigital estas cantidades eran por todos conocidas, ya que se aprobaban anualmente en los plenos municipales. El foco se pone en la cantidad establecida, pues se estaba atribuyendo un pago mayor al alcalde que a los concejales, justificando que su responsabilidad era mayor. Antifraude señala que las dietas pueden ser diferentes atendiendo a las reuniones que se acuda, no al cargo que se ostente. El exceso que se le reclama precisamente tiene que ver con esto: que no se justifica que por ser alcalde cobrase más que los demás por asistir a las mismas reuniones.
Los 86.511 euros hacen referencia al exceso que debe devolver, no al total percibido, que asciende a 205.795 euros.
Irregularidades en cobros de los concejales
La Oficina Antifraude también señala irregularidades en cobros por parte de los concejales. Se denuncia que haya varios cargos electos con dedicación exclusiva en el equipo de gobierno, que han recibido pagos derivados de la aplicación del convenio colectivo de los trabajadores de la corporación entre los años 2015 y 2020, a pesar de no ser ni personal funcionario ni laboral.
Estos casos se han detectado en la teniente de alcalde, Montserrat Tobella, Juan Pablo Beas, el concejal Luis Oulego y la que fuera concejal hasta 2019 Eva Prim. Los cuatro del PSC.
También afecta a Saray Cantero, durante los años 2017 a 2019, mientras era concejal de Ciudadanos, con quien el PSC configuraba el equipo de gobierno entonces.
Se dedicaron a cobrar retribuciones complementarias en concepto de puntualidad y productividad que no son susceptibles de ser aplicadas a cargos electos. Por el momento Antifraude no ha concretado las cantidades exactas que han percibido de manera irregular por estos conceptos.
Desde Las Repúblicas hemos contactado con Marc Giribet, portavoz del Grupo municipal FEM Sant Andreu, que nos ha señalado: «Estamos muy preocupados porque desde noviembre de 2020 que dimos el primer paso comunicando al propio alcalde todas las irregularidades que ahora confirma el informe de la Oficina Antifrau de Catalunya hemos podido ver cómo no se ha hecho lo más mínimo para resarcir las irregularidades. El gobierno socialista ha preferido tapar el problema, ha ido siempre a remolque en estos dos años de proceso.
Además de los más de 86.000€ que cuantifica Antifrau que cobro Llorca entre los años 2015 y 2020, habrían otros 184.000€ cobrados con la misma irregularidad desde el 2005 al 2015. También nos preocupa el presunto cobro irregular también por parte de algunos regidores del gobierno municipal del PSC cómo de sus socios de gobierno de C’s.
Desde FEM Sant Andreu hemos trabajado con determinación para parar estas irregularidades y ahora que la Oficina Antifrau nos ha dado la razón, trabajaremos por la reparación y el retorno de este dinero.
Muchos éramos conscientes de la opacidad del PSC así como su caciquismo en el momento de gobernar de Ana Alba ha antepuesto el interés partidista al de la ciudadanía y el municipio.»
