La democracia defectuosa española, hace honor a su nombre y está recibiendo collejas por todos lados. Ahora ha sido la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa (CoE), Dunja Mijatovic, que ve insuficiente la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “ley mordaza”, y el pasado 8 de febrero pidió por carta al Congreso y en Senado más cambios para garantizar la libertad de expresión, el derecho de asamblea y el derecho de los refugiados a pedir asilo en España.
Mijatovic ha criticado que la reforma no contemple «modificar» las sanciones por «desobediencia», «resistencia» o «falta de respeto» a los agentes de la policía. De hecho, la comisaria de Derechos Humanos del CoE ve “alarmante” alto número de condenas en España contra manifestantes por estos delitos. «Hago un llamamiento a los parlamentarios para que revisen la Ley para dar claridad y previsibilidad, garantizar la seguridad jurídica y evitar una aplicación arbitraria y desproporcionada que pueda repercutir en el ejercicio de las libertades de expresión y reunión en España», reclama.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el presidente de Senado, Ander Gil García, han dicho a Mijatovic que sus peticiones «se podrán tener en cuenta y ser valoradas» en el debate sobre la reforma. «Es un proceso de revisión profundo que constituye una oportunidad para valorar la adecuación de la ley a las recomendaciones recibidas desde diversas instancias internacionales y nacionales», afirman en una breve respuesta enviada el pasado 10 de febrero.
Las quejas del CoE
El ejecutivo español pretende modificar algunos de los aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana, impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Por ejemplo, limitar el uso de los balones de goma o permitir que se puedan grabar a los agentes durante una protesta.
Desde 2018 la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa apresura al estado español a reformar la ley mordaza. Si bien Mijatovic celebra que ya se esté revisando, advierte que la propuesta «no incluye cambios» en las disposiciones «más perjudiciales» para el derecho a la libertad de expresión, de reunión, así como el derecho a buscar asilo en el estado español.
En primer lugar, Mijatovic reprocha al legislativo español que no aborde la ambigüedad de la ley, lo que da un «amplio margen de discrecionalidad a las fuerzas de seguridad y permite su «aplicación arbitraria y desproporcionada». En este sentido, lamenta que se sigan imponiendo sanciones a los manifestantes “por motivos poco claros” y que su carácter administrativo “dificulte” su recurso.
Derechos de los refugiados
En segundo lugar, desde el CoE reclaman «modificar» las sanciones por «desobediencia», «resistencia» o «falta de respeto» a los agentes de la policía. «Un alto número de sanciones se han impuesto por estos delitos, muchos en contexto de manifestaciones y concentraciones pacíficas», subraya la comisaria de Derechos Humanos en la carta.
Además, se queja de que los manifestantes «todavía pueden ser sancionados si existen disturbios de orden público durante una protesta», en contra de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Los organizadores de una protesta no pueden ser considerados responsables de las acciones de otros participantes si no han participado explícita o implícitamente», avisa Mijatovic.
Por último, Mijatovic lamenta que la reforma «no introduzca garantías claras contra la devolución (de demandantes de asilo), incluyendo el derecho a solicitar asilo, o contra las expulsiones colectivas». Así, insiste en que los agentes debería tener «una guía clara y obligatoria sobre cómo actuar cumpliendo con los estándares internacionales de derechos humanos cuando intercepten migrantes» en Ceuta y Melilla.
