La creación del Centre Català d’Empresa i Drets Humans se inició el 9 de febrero cuando el Parlament admitió a trámite la propuesta. A partir de ahí, serán los grupos de la cámara quienes debatirán el texto en comisión hasta llevarlo al pleno durante el próximo otoño, donde será votado.
Este organismo analizará el impacto social y medioambiental que causan las empresas catalanas en el extranjero. Será público e independiente y rendirá cuentas a la sociedad civil, al Parlament de Catalunya y al Govern de la Generalitat.
La iniciativa impulsada por el Grup Català d’Empresa i Drets Humans, en el que se integran dieciocho entidades vinculadas a Lafede.cat –Organitzacions per a la Justícia Global-, junto a la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans en Colòmbia. Este nivel de adhesión debería servir para respetar el texto presentado.
Entre otras cosas este prevé dotar al futuro organismo de la máxima capacidad de investigación e inspección posibles. Unas prerrogativas que, según indica Dani Gómez, miembro de Lafede.cat, «lo convertiría en una iniciativa pionera en materia de derechos humanos, puesto que la situaría en la misma línea del trabajo que la ONU realiza para controlar la actividad de las compañías transnacionales».
