El Congreso de los Diputados quiere apoyar una ley de informantes de corrupción en consonancia con la Directiva de la UE 2019/1937. El texto del anteproyecto, publicado el 8 de marzo y para el que sólo ha habido nueve días de consulta abierta, deja una serie de limitaciones a la revelación pública de prácticas ilícitas que, según su redacción, parecen proteger más al corrupto que al denunciante.
Además, deberán establecerse canales seguros de denuncia, tanto dentro como fuera de las organizaciones, ya sean públicas o privadas. La UE ha querido dotar a todos los Estados miembros de una serie de «normas mínimas comunes que garanticen una protección efectiva de los denunciantes», dado que cada Estado ha avanzado de manera dispar en esta materia con los conocidos como whistleblowers en su legislación.
El objetivo comunitario es reducir las pérdidas monetarias derivadas de la corrupción, que oscilan entre los 5.800 y 9.600 millones de euros anuales en la contratación pública. Para ello se quiere proteger a los denunciantes en procesos judiciales de delitos como el fraude, daños a la salud de personas o al medio ambiente, evasión de impuestos o corrupción. Donde muchos lo denuncian simplemente a través de sus redes sociales.
Por eso, para que la Ley europea sea efectiva, es de vital importancia no restringir o reducir el ámbito de su protección a «infracciones normativas», tal y como reza el título del anteproyecto; pero existen otras situaciones que tiene que recoger, tales como «malas prácticas, abusos, irregularidades, mala gestión, fraude, amenazas, etc.». Los @1Whistleblowers americanos tienen otro cariz.
Además, sólo protege a los informantes y a su ámbito laboral y/o familiar, lo que deja fuera a periodistas y a organizaciones de la sociedad civil, que han sido claves para destapar los mayores escándalos en los últimos años, como ha sucedido en el caso de Luxleaks, «en el que el periodista ha sufrido la misma condena que el informante», recuerda Xnet.
