La Fiscalía Europea ha vuelto a abofetear a la España judicial, y ya van unas cuantas. Ha considerado este miércoles que la decisión de la Fiscalía General del Estado de España de conservar la investigación sobre el caso del contrato de las mascarillas que afecta al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no se ajusta al derecho de la Unión Europea y constituye «un desafío a la supremacía» del mismo.
En un comunicado, la Fiscalía Europea (EPPO, en sus siglas en inglés) dice que «ha tomado nota» de la decisión del 28 de marzo de 2022 de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, de dividir la competencia sobre los mismos hechos entre la Fiscalía Anticorrupción y la EPPO, pero considera que «esta decisión no se ajusta al derecho de la UE, y continuará su investigación».
Renunciar, además, como sugirió la Fiscalía Europea, a que fuese el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas quien ejerciese su «mandato exclusivo» de velar por la correcta interpretación del Derecho de la UE «constituye un desafío a la supremacía del Derecho de la UE», subraya el comunicado.
La Fiscalía europea expresa además su «preocupación» por el procedimiento que ha llevado a decidir la división de competencias puesto que esta ha sido tomada por la Fiscal General del Estado, «que es el superior jerárquico del cuerpo nacional y, por tanto, parcial en el procedimiento en curso».
«La EPPO considera que la decisión del Fiscal General del Estado de dividir la competencia entre la Fiscalía Anticorrupción y la EPPO no se ajusta a la legislación de la UE y continuará su investigación.»
The EPPO is of the view that the decision by the Fiscal General del Estado to divide the competence between the Fiscalia Anticorrupcion and the EPPO is not in line with EU law & will continue its investigation. Full statement: https://t.co/qEjdGWPPLl
— European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) March 30, 2022
