El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia que cite a Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat, para ser investigada por un presunto delito de encubrimiento.
Los hechos hacen referencia al ex marido de Oltra, que ha sido ya condenado a cinco años de prisión por abusos sexuales contra una menor que estaba en un centro tutelado donde él era responsable cuando ella tenía 14 años entre 2016 y 2017.
Tras la condena a Luis Eduardo Ramírez, la menor denunció hechos que tuvieron lugar, presuntamente, durante la tramitación del juicio y se decidió abrir una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y la psicóloga del centro de acogida donde ocurrieron los hechos. Tras escuchar las declaraciones de estos trabajadores, el juez imputó a cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico. En total, trece personas investigadas por los abusos sexuales de Luis Eduardo Ramírez contra la menor tutelada.
Además de estas trece personas, el juez instructor considera que también es importante llamar a declarar a la actual vicepresidenta del Govern, Mónica Oltra. El juez considera, por el momento, que la información recogida en un expediente administrativo era de carácter reservado, supuestamente así ordenado por Oltra, pretendiendo silenciar y desacreditar la versión de la menor cuando se atrevió a denunciar los hechos, ya que el investigado entonces era el marido de Oltra.
El juez señala que desde el primer momento se ha intentado desacreditar a la menor, tirar por tierra su versión. Subraya también que es llamativo que nadie tomase la decisión de solicitar atención psicológica para la menor y además, se hiciera constar en un informe que «mentía con facilidad».
El juez instructor se hace una serie de preguntas que van dirigidas a la misma respuesta: no se abordó este caso con diligencia, y los hechos apuntarían a que lo que se trató por todos los medios fue ocultarlo, silenciar a la menor y tratar de darle carpetazo.
El juzgado ha reclamado el listado de personas empadronadas en la vivienda de la vicepresidenta en el año 2017, momento en que la víctima presentó la denuncia del abuso sexual.
