Gran exposición del abogado Gonzalo Boye durante la vista que se celebra en la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Guiada sobre las cuestiones prejudiciales presentadas por el juez Pablo Llarena a raíz de la negativa de Bélgica a ejecutar la euroorden contra Lluís Puig.
Boye había empezado su exposición indicando que «Mis defendidos representan la minoría nacional catalana existente en el Estado español y, como tales, son víctimas de una persecución que es lo que nos ha llevado hasta aquí».
Gonzalo Boye ha reclamando ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa que se ponga punto y final a la persecución que sufren Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig en Europa. «Ya basta de esta persecución por haber convocado un referéndum».
Boye ha advertido que los políticos exiliados «no tienen ninguna garantía de un juicio justo. Esto tiene que acabar y tiene que acabar aquí». Y que estos se están viendo perseguidos por una «actuación absolutamente desproporcionada».
A la vez que recordaba que el Código Penal había eliminado el delito de convocatoria de referéndums el año 2005, ha denunciado que se trata de una persecución política, y ha advertido que se ha vulnerado todo tipo de derechos fundamentales.
También ha recordado las diferentes euroórdenes que se han emitido contra los exiliados y ha acusado al Supremo de haber hecho un uso político de esta medida, «emitiéndola y retirándola por conveniencia política». Este hecho lo demuestra cuando el juez Pablo Llarena admitió que evitó pedir la detención de Puigdemont cuando viajó a Dinamarca para evitar ser beneficiarlo electoralmente.
