Ha llegado un momento judicial y democrático importante. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) examina este martes las preguntas prejudiciales del juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre la euroorden contra el expresidente Carles Puigdemont en vistas a Luxemburgo. Ante la negativa de Bélgica a extraditar encausados por el referéndum del 1-O, ya que ve riesgo de vulneración de derechos fundamentales.
Así, Llarena ha trasladado sus dudas al TJUE sobre la interpretación que hacen los magistrados belgas de la normativa que regula las euroórdenes. El caso en Luxemburgo es una importante pieza del proceso judicial contra Puigdemont y marcará el futuro de su extradición, si bien Bélgica e Italia tendrán la última palabra. Además, existen otras causas que podrían influir en la situación del líder de JxCat.
La sala grande del TJUE celebrará una vista a las nueve de la mañana del martes para analizar las prejudiciales de Llarena y escuchar a las partes. Se espera que la Comisión Europea aporte su opinión sobre cómo debe interpretarse la decisión marco que regula el sistema europeo de extradición en cuanto al análisis de los derechos fundamentales, una de las principales preguntas del juez Llarena.
Aparte de la defensa de Puigdemont, del Estado español y del belga, Polonia y Rumanía se han personado al caso y defenderán la posición española. Todos los Estados miembros tienen derecho a participar en el procedimiento de las prejudiciales si afectan a legislación europea de su interés. Aunque Italia tiene paralizado un juicio de extradición contra Puigdemont, no se ha personado en las prejudiciales de Llarena.
El caso Puigdemont
España intenta extraditar al presidente exiliado Carles Puigdemont por el caso del 1-O desde finales del 2017, cuando se marchó a Bélgica. Tras un par de intentos fallidos, el Tribunal Supremo reactivó las euroórdenes contra él y los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig en otoño del 2019, una vez ya había sentencia contra sus compañeros de gobierno. Las euroórdenes contra Puigdemont, Comín y Ponsatí quedaron paralizadas tras ocupar su escaño como eurodiputados a principios de 2020.
Por el contrario, el exconseller de Cultura Lluís Puig, acusado de malversación y desobediencia por la organización del referéndum, tuvo que continuar con el proceso de extradición. El caso terminó en enero del 2021 cuando el Tribunal de Apelación de Bruselas denegó la entrega a España porque veía un riesgo de vulneración del derecho a un juicio justo ya la presunción de inocencia.
Las preguntas de Llarena
La sentencia de Puig desató las prejudiciales de Llarena, puesto que establecía un precedente de cara a la euroorden contra Puigdemont. El magistrado del Supremo envió al TJUE hasta siete preguntas prejudiciales en las que cuestiona la decisión belga.
Llarena pregunta al TJUE, entre otras cosas, si Bélgica puede examinar el riesgo de vulneración de derechos fundamentales en el caso de los exiliados y, si así fuera, si puede basarse en la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias vinculado al ONU. “¿Constituye este informe un elemento objetivo, fiable, preciso y debidamente actualizado para justificar (…) la denegación de la entrega?”, pregunta Llarena. En este sentido, pide saber cuáles son los «elementos que exige el derecho de la UE para que un Estado miembro pueda concluir que en el Estado miembro de emisión existe el riesgo de violación de derechos fundamentales».
Por otra parte, Llarena quiere saber hasta qué punto Bélgica puede rebatir su competencia. Los magistrados belgas reprochan a los jueces del Supremo que se declaren competentes para juzgar a los implicados en el caso del 1-O sin una base jurídica “explícita”. “Sin un texto legal explícito al efecto, el Tribunal Supremo no puede considerarse como el órgano judicial establecido por la ley”, afirma la sentencia belga, insinuando que los magistrados españoles no interpretan bien sus propias leyes.
Jurisprudencia relevante
Uno de los elementos centrales de las prejudiciales es el examen de los derechos fundamentales que pueden realizar los jueces para decidir si aceptan o no una euroorden. La normativa europea permite detener una extradición si los derechos fundamentales están en riesgo, pero lo considera una excepción a la confianza habitual entre estados y limita su capacidad para cuestionarse mutuamente.
Según los criterios de la actual jurisprudencia, se pueden revisar “derechos humanos absolutos” como el derecho a la vida. Es decir, si el extradito podría sufrir torturas o un trato inhumano por las condiciones en las prisiones del estado que lo reclama. Más recientemente, Luxemburgo también ha permitido a los jueces examinar si el acusado tendrá un juicio justo en un contexto de «deficiencias sistémicas» del estado de derecho corroboradas. Es el caso de Polonia. Por el contrario, el TJUE no ha dicho todavía si este examen también puede realizarse cuando no hay un problema sistémico de estado de derecho. Es lo que hizo Bélgica en el caso de Lluís Puig.
El futuro de Puigdemont
En caso de que el TJUE impida a los tribunales belgas denegar la euroorden por riesgo de vulneración de derecho sin que existan “deficiencias sistémicas” demostrables en España, se reduciría el margen de maniobra para rechazar la euroorden contra Puigdemont. Lo mismo ocurriría si Luxemburgo no permite cuestionar la competencia del Supremo.
Ahora bien, Bélgica todavía no se ha pronunciado sobre el delito de sedición (Puig sólo tenía malversación y desobediencia), así que la decisión última sobre la extradición de Puigdemont por este crimen estará en manos de los tribunales belgas, igualmente. la justicia belga podría negarse a entregar a Puigdemont por sedición -como hizo Alemania con la rebelión-, pero optar por la extradición por malversación. Hace casi tres años, Llarena retiró la euroorden precisamente por eso. Es una incógnita si se conformaría con juzgar al presidente exiliado sólo por malversación renunciando a la sedición, lo que generaría una contradicción con la condena del 1-O.
Pendiente del caso de la inmunidad
La decisión sobre las prejudiciales podría llegar en los próximos meses, como muy pronto justo antes del verano, ya que primero debe pronunciarse el Abogado General del TJUE. Sin embargo, el procedimiento de extradición no se reactivaría en Bélgica ni en Italia cuando haya sentencia.
«El procedimiento en curso en Bélgica está suspendido a la espera de la decisión final sobre la inmunidad parlamentaria del señor Carles Puigdemont», aseguran fuentes de la fiscalía belga. El presidente legítimo, Comín y Ponsatí interpusieron una demanda en el tribunal de primera instancia de Luxemburgo, el Tribunal General de la UE, al considerar que el levantamiento de la protección europarlamentaria se hizo de forma «irregular».
Según el ministerio fiscal belga, el juicio por la extradición no se realizará hasta que se resuelva de forma definitiva esta demanda, por la que todavía no hay vista programada. Además, podría recurrirse eventualmente al TJUE. Tampoco Italia dará ningún paso hasta que Luxemburgo se pronuncie de forma «irrevocable» sobre la inmunidad, dijo el tribunal de Sáser, que también tiene entre manos la extradición tras la detención en Cerdeña en septiembre del 2021.
