Los portavoces de ERC, Junts, PDeCAT, PNV, Compromís, BNG, Nueva Canarias y Coalición Canaria han registrado conjuntamente este miércoles una petición de comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para que dé explicaciones en comisión al Congreso “sobre la reacción del gobierno español ante Marruecos en relación al maltrato y expulsión de dos ciudadanos catalanes cuando iban a entrevistar al activista saharaui Sultana Jaya”.
Se trata del fotoperiodista David Melero y el activista Oriol Puig, que fueron forzados a dejar el país en la madrugada del jueves tras ser interceptados por la policía marroquí en un bar de Tarfaya, cerca de la frontera con el Sáhara Occidental.
Ambos fueron identificados, retenidos, amenazados y trasladados por la fuerza en taxi en dirección al aeropuerto de Agadir, según denunció la semana pasada el Movimiento Solidario con el Sáhara Occidental. Durante la expulsión, los agentes marroquíes advirtieron de posibles acusaciones como la de terrorismo.
Su objetivo era entrevistar a una activista saharaui que lleva más de un año y medio en arresto domiciliario y que según el Movimiento sufre «constantes injerencias en el domicilio y agresiones y violaciones por parte de las fuerzas de empleo».
Todo ello tuvo lugar el mismo día en que el Congreso aprobaba una iniciativa de reprobación del cambio de criterio del ejecutivo español respecto al Sáhara Occidental aceptando la propuesta de Marruecos de convertirlo en un territorio autónomo.
También un día antes de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, visitaran Rabat para cenar con el rey de Marruecos, Mohamed VI. El encuentro, según Moncloa, marcó el inicio de una “nueva relación” entre ambos estados, con la firma de un acuerdo que establece entre otros el control de las fronteras respecto a la inmigración.
La diputada de ERC Marta Rosique también ha registrado una batería de preguntas por escrito en el gobierno español. Entre otras pregunta si piensa denunciar públicamente las agresiones que sufrieron Puig y Melero, si hizo algún tipo de gestión después de conocer los hechos y si el Ministerio de Exteriores contactó con las autoridades marroquíes. Y si Sánchez denunció estas agresiones ante Mohamed VI, y si el ejecutivo considera que debe velar por el respeto a los derechos humanos por parte de ese país.
