La injusticia española sigue en su línea. Siete de los ocho ultras españoles encarcelados por el asalto a la Librería Blanquerna de Madrid durante la Diada del 2013, obtenían ya ayer el tercer grado penitenciario. Además, lo han obtenido en un tiempo récord, que a menudo no llega ni a un mes desde el ingreso en prisión. Sus penas van de los dos años y siete meses a los dos años y nueve meses de cárcel por un delito de desórdenes públicos, después de que el Tribunal Constitucional obligara a retirar al agravante de discriminación ideológica.
Este tercer grado, que han obtenido de forma extraordinariamente rápida, implica que sólo se acuestan en prisión de domingo a jueves, entre semana, y pueden pasar el resto del tiempo y el fin de semana en libertad. Solo hay que mirar lo que le costó a los presos políticos del Procés, que les costó meses, llegando incluso a ser revocados por el Tribunal Supremo.
El último en obtener este tercer grado ha sido Pedro Chaparro, líder del partido neonazi Democracia Nacional, que además logró aplazar el ingreso en prisión alegando que debía ser padre. Finalmente ingresó el pasado 14 de marzo, y en menos de un mes ya ha obtenido el régimen de semilibertad. Chaparro tenía otra condena, de un año de cárcel, por amenazar al fotoperiodista Jordi Borràs durante el 12-O del 2015 en Montjuïc. Lo mismo ocurrió con Manuel Andrino, jefe nacional de La Falange, que ingresó el pasado 27 de diciembre y en un mes ya gozaba del nuevo estatus penitenciario.
Así, las penas de prisión han llegado especialmente tarde y en tiempo récord ya han comenzado a diluirse. La portavoz de JxCat en Madrid, Míriam Nogueras, ya lo resumió con acierto: «La justicia es mucho más rápida según el código postal de donde vienes». Y es que los presos políticos «entraron en prisión desde el minuto 1», por el simple hecho de defender el derecho a la autodeterminación de Catalunya. La infamia y la justicia van de la mano.
