El Parlament de Catalunya reclama que el Gobierno del Estado investigue «con la máxima celeridad y transparencia» el espionaje a miembros del independentismo y que «asuma las responsabilidades a todos los niveles necesarios». La cámara también se compromete a proteger y preservar los derechos de los afectados y «personarse en las causas que se abran a raíz de las denuncias de las víctimas».
ERC, JxCat, CUP-NCG y En Comú Podem han sacado adelante esta declaración de la Junta de Portavoces. El PSC-Units se ha desmarcado y no lo ha firmado. Fuentes del grupo parlamentario apuntaron al ACN que tenían disposición para el acuerdo, pero que les tumbaron las enmiendas que habían propuesto, que los de Salvador Illa consideraban asumibles.
Los socialistas querían cambiar, por ejemplo, que se hablara de que el espionaje iba «contra la disidencia política» o que se trata de una «persecución por defender un proyecto político». La declaración apunta a que la situación “debe preocupar al conjunto de todas las fuerzas democráticas por la evidente vulneración de derechos, especialmente para garantizar la expresión democrática y evitar el abuso autoritario, ilegal e ilegítimo contra cualquier disidencia política ”.
El PSC quería que en lugar de disidencia política dijera “forma de pensamiento político”. También querían eliminar la parte del texto en el que se dice que “es evidente que en este caso, el uso de este software sigue enmarcado en la causa general contra el independentismo, iniciada en 2017 para contrarrestar un movimiento pacífico, cívico y democrático ”.
En la declaración de la Junta de Portavoces, el Parlamento condena el espionaje político, “que supone una flagrante vulneración de derechos humanos fundamentales reconocidos, tanto a nivel interno como internacional, como son el derecho a la intimidad o el secreto de las comunicaciones”. También manifiesta «su apoyo y toda su solidaridad a las al menos 65 personas que hasta hoy se sabe que han sufrido este espionaje político a través del Catalangate«.
La iniciativa firmada reclama «la adopción urgente por parte del estado de las medidas para erradicar el espionaje político antidemocrático, garantizando así que ninguna persona pueda ser víctima de espionaje y persecución para defender un proyecto político». Se reafirma su compromiso democrático de defender los derechos y libertades de la ciudadanía y, por último, se compromete a proteger y preservar los derechos de las personas espiadas. También «a través de personarse en las causas que se abren a raíz de las denuncias de las víctimas, entre algunas de las acciones a emprender».
