Ayer fue el primer día en el que entraba en vigor la nueva normativa respecto a la obligatoriedad del uso de las mascarillas en interiores: se limita únicamente a los hospitales, residencias de mayores y transportes públicos.
No se puede decir que la información no ha existido puesto que antes de las vacaciones de Semana Santa, concretamente el pasado 6 de abril, había ya información pública y publicada que reflejaba claramente lo que sucedería el día 20: la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores.
El Consejo Interterritorial se reunió con antelación para establecer lo que el día 19 sería aprobado por el Consejo de Ministros, y que sería publicado posteriormente en el BOE para su aplicación inmediata.
Aunque el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, hubo ayer diversos centros educativos donde alegaron necesitar aclaraciones específicas al respecto. Motivo por el cual impusieron el uso de la mascarilla a los alumnos que, cumpliendo con la ley y en base al derecho que así les amparaba, acudieron al centro educativo sin ella.
Se incumplió la ley y lejos de mantener prudencia respetando los derechos de los menores, se les obligó a llevar una mascarilla contra la voluntad de sus padres, madres o tutores legales.
Se alegaba desconocimiento de los detalles de la norma, y se pidió en algunos casos que fueran las Consejerías de Educación territoriales las que emitieran un escrito donde dijeran que las mascarillas no eran obligatorias en las aulas. Algo que ya se había explicado el mismo día 19 de manera oficial por el propio ministerio de Sanidad.
No se trata, como algunos quieren hacer ver, del hecho de ponerse una mascarilla un día más, después de dos años. No es tan simple como esto. De lo que se trata es de la irresponsabilidad a la hora de no haberse informado con antelación por parte de la dirección de estos centros. Se trata de una supina ignorancia, deliberada, que se ha mantenido hasta el último momento pasando por encima de la decisión personal de los padres, madres, tutores legales de los menores que ayer tenían derecho a acudir al colegio sin cubrirse el rostro, por fin.
Se trata de no haber respetado en absoluto la legalidad vigente. Se trata, en definitiva de imponer unos criterios que ya no se amparaban ayer en nada, salvo en el desconocimiento (por irresponsabilidad) de algunos y algunas que de manera totalitaria han impuesto su criterio por encima del de los responsables de estos menores.
Un abuso más que hay que apuntar en la lista de agravios cometidos durante estos dos años. Porque en los colegios se ha de educar en el respeto, en los derechos y sobre todo, en la no discriminación. Algo que ayer, sin lugar a dudas (y hoy persiste en algunos lugares) se ha vulnerado.
