En una democracia plena, no en una «democracia defectuosa», ya se estaría hablando de quien tendría que dimir en el Ejecutivo central. El infame macrocaso de espionaje Catalangate es mucho peor de lo que muchos quieren ocultar. A España por una oreja le entra y por otra le sale. Pero son solo los dirigentes independentistas los que han reaccionado contra el brutal espionaje con Pegasus, hasta la propia Unión Europea ha solicitado una comisión de investigación, empezando con una comparecencia en directo de quien destapó el caso, la plataforma de ciberseguridad Citizen Lab, con sede en Toronto, especialista en e posibles violaciones de derechos humanos relacionados con espionaje digital, ataques informáticos, censura online o gestión de datos privados.
Según revelaba a principio de semana, una investigación periodística de ‘The New Yorker’, nada menos que 60 dirigentes independentistas fueron víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, entre ellos el propio y actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al que, presuntamente, se espió en 2020, es decir antes de ser elegido jefe del Ejecutivo catalán. En este sentido, lo más normal es que se pusieran en marcha todas las medidas jurídicas y políticas oportunas. Amnistía Internacional (AI) ha pedido a las instituciones europeas investigar a fondo el uso del programa de ciberespionaje Pegasus y ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a aclarar si lo ha utilizado para hacer seguimiento de políticos, activistas y periodistas.
El Gobierno de España ha negado su implicación, asegurando que “siempre actúa con arreglo a derecho y en estricto cumplimiento de la legalidad”. Pero esa es otra infamia más de España en trato contra Catalunya. Las evidencias que señalan son que los objetivos “eran de evidente interés para el Gobierno de Español” y que “el momento especifico de la focalización coincide con eventos de interés especifico para el Gobierno”. Además aseguran que “el uso de contenido cebo en los SMS sugiere el acceso a la información personal de los objetivos, como los números de identificación del Ejecutivo”. Contundente. Y lo más inquietante, la investigación de Citizen Lab sobre la Catanlagate aún dará más sorpresas en días posteriores.
Todo comenzó con un empleado descontento de NSO Group que quiso vender Pegasus en la ‘Deep Web’ en una subasta que empezó por 50 millones de dólares de ahí se estiro del hilo. La investigación revela que el espionaje se ha llevado a cabo durante varios años y desde el principio no se han generado dudas para señalar al Estado español como responsable del espionaje, ya que «la tecnología utilizada se vende únicamente a Estados y organismos públicos como ejércitos y servicios de inteligencia para combatir el terrorismo». Sobra la autoría de los hackeos, Citizen Lab señala textualmente que “no atribuye de manera concluyente las operaciones a una entidad específica”, pero añade que “una fuerte evidencia circunstancial sugiere un nexo con las autoridades españolas”.
Por último, que no menos importante, alegan que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha sido un cliente del Grupo NSO y que “el Ministerio del Interior de España posee una capacidad no identificada pero similar”. “Consideramos poco probable que un cliente de Pegasus que no sea español emprenda una orientación tan amplia dentro de España, utilizando SMS y, a menudo, haciéndose pasar por las autoridades españolas”, argumenta Citizen Lab. Así que una vez más, España intenta salirse con la suya a base de represión policial, tribunales a sueldo y mentiras, muchas mentiras y propaganda a su favor. Pero esta vez le ha salido el tiro por la culata. Ha ido demasiado lejos y por eso la pregunta está en el aire, ¿Quién va a dimitir, como mínimo, por el infame macrocaso del Catalangate?
