El pasado fin de semana tuvo lugar una reunión entre el Gobierno del Estado y el Govern de la Generalitat para afrontar la situación generada por el escándalo del CatalanGate, un asunto de escuchas ilegales que apuntaría presuntamente a la responsabilidad del ejecutivo español.
La reunión celebrada ayer domingo parece no haber aclarado la cuestión, aunque el Gobierno central ha anunciado la puesta en marcha de la comisión parlamentaria que se abrirá para investigar los hechos.
Decreto sobre medidas para los efectos de la guerra en Ucrania
El próximo jueves deberá votarse en el Congreso el decreto que presenta las medidas económicas contra los efectos de la guerra en Ucrania. Una votación que será delicada si no se obtienen los apoyos de quienes respaldaron la investidura, y en este sentido, el gobierno catalán sabe que tiene una baza que jugar.
Si el decreto del jueves no saliera adelante, supondría sin duda un duro golpe para el ejecutivo de Sánchez que se vería cada vez más en manos de un posible pacto no muy lejano con el Partido Popular para sobrevivir, algo que desde Ferraz niegan de momento como posibilidad.
Para tratar de frenar estos golpes, el Gobierno central ha prometido a ERC y a Bildu que estarán presentes en la comisión de secretos oficiales que se abrirá para abordar los casos de espionaje sufridos en el ya conocido como CatalanGate. Ha asegurado el Gobierno español que la comisión se abrirá «inmediatamente». Estará formada por portavoces de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso y sus participantes tienen la obligación de guardar secreto ante lo que aborden en ella.
La comisión de los secretos, bloqueada a independentistas por las derechas
Por el momento la comisión en cuestión no está ni siquiera constituida y el tiempo apremia. ¿Por qué está bloqueada? Porque los integrantes de la misma requieren tener un apoyo de 210 escaños para poder formar parte de ella. Algo que hasta ahora resulta casi imposible por el rechazo de los grupos parlamentarios entre sí. PP, Vox y CS suman, junto a los dos diputados díscolos de UPN y el de Foro Asturias un total de 152 diputados, suficientes para vetar los nombramientos planteados.
La exigencia de los tres quintos requeridos para poder ser miembro de la comisión parlamentaria proviene de una resolución parlamentaria del año 2004. Es una resolución de la presidencia de la cámara que conlleva, necesariamente, que sea el mismo órgano el que establezca un nuevo texto para poder cambiar los requisitos.
Esta es una de las opciones que baraja el PSOE ante el probable bloqueo para ponerla en marcha.
Desde el PP tienen muy claro que no van a dar su brazo a torcer y no quieren permitir que formaciones independentistas puedan acceder a los secretos de Estado. Exigen en primer lugar que el Gobierno explique si Pegasus se utilizó legalmente.
De la misma manera se ha mostrado Ciudadanos, que tampoco se plantea que formaciones como Bildu puedan acceder a conocer información secreta.
JxCAT exige romper con el Gobierno central
Junts Per Cat ha instado a que las formaciones independentistas suspenda sus relaciones con el gobierno del Estado hasta que la comisión no sea puesta en marcha.
El secretario general de la formación, Jordi Sánchez ha dejado claro esta mañana que la investigación interna en el Congreso de los Diputados es insuficiente y que no merece confianza por su parte. Exigen luces y taquígrafos.
ERC pide dimisiones
Desde Esquerra Republicana, Marta Vilalta ha pedido dimisiones de las personas responsables de haber permitido estos espionajes.
Ha subrayado que «no sólo son necesarias las explicaciones y la transparencia, sino también asumir las consecuencias de este escándalo mayúsculo». Las consecuencias, ha especificado, significa exigir «las dimisiones que hagan falta».
En este sentido, Vilalta ha apuntado a las personas que supieran sobre el espionaje y que lo han permitido: «Esto un Estado democrático no puede aguantarlo, tienen que asumir las consecuencias quienes sean responsables». Y ha subrayado que tiene que producirse «lo antes posible».
