Ada Colau y dos concejales de Barcelona, Marc Serra y Lucía Martín, tendrán que declarar como investigados por una querella del fondo Vauras Investments, propietario del Bloc Llavors. Se trata de un edificio del barrio del Poble-sec, Barcelona, ubicado en el número 38 de la calle Lleida, que había estado dos años ocupado.
Fue desalojado en marzo del 2020, días antes de que empezara el confinamiento por la pandemia, después de seis intentos. El Ayuntamiento multó el fondo con 414.000 euros porque no ofreció un alquiler social a las familias desahuciadas, como obligaba en ese momento el decreto de vivienda aprobado por la Generalitat en diciembre del 2019.
La norma establecía que los grandes tenedores debían ofrecer estos alquileres a las personas vulnerables antes de denunciarlas por impago y forzar un desahucio. Un año después de aprobarse, el Tribunal Constitucional lo tumbó.
La empresa acusa al consistorio y la alcaldesa de prevaricación administrativa y coacciones por haber apoyado a los ocupas, reclamar que les ofrecieran un alquiler social y multarlos por no hacerlo. Un primer juzgado había archivado el caso, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que en su día entendió que las actuaciones del Ayuntamiento no constituían delito alguno.
Ahora, la Audiencia de Barcelona ha ordenado seguir investigando. Excluyó, eso sí, las imputaciones de cohecho y tráfico de influencias, entre otros. La Audiencia también pide más documentación tanto en el fondo inversor como en el Ayuntamiento.
En una rueda de prensa, los concejales investigados, Serra y Martín, aseguraron que impusieron la multa por cumplir estrictamente con el decreto vigente. También reiteraron que las acusaciones no les harán cambiar su política de defensa de los colectivos vulnerables en materia de vivienda.
