Nueva alarma esta semana sobre el espionaje al independentismo catalán con el sistema Pegasus. De nuevo, The Citizen Lab, el laboratorio de la Universidad de Toronto que destapó el llamado macrocaso Catalangate, habría abierto una segunda fase de la investigación y estaría examinando si este caso afectaría a otras 150 personas.
Según avanza El Confidencial, estos nuevos objetivos deberían sumarse a los 65 dirigentes del ámbito independentista que ya se ha apuntado que habrían sido espiados. La investigación revelaría que las agendas de teléfono de estas personas habrían servido para que el programa de espionaje de la empresa israelí NSO se extendiera a más de un centenar de otros dispositivos.
Serían, sobre todo, móviles de varios periodistas de medios catalanes y españoles. La investigación se habría ampliado porque el laboratorio de la Universidad de Toronto pudo verificar el espionaje también en dispositivos Android, después de que en la primera fase sólo se hubiera confirmado la intromisión en móviles iPhone, de Apple.
Según El Confidencial, la cooperación de los primeros afectados por el espionaje, entre ellos dirigentes como el presidente Pere Aragonès, habría permitido detectar estos nuevos objetivos de las escuchas.
Para acceder a estos nuevos teléfonos, el sistema de la compañía israelí NSO también habría utilizado falsos mensajes de texto que simularían notificaciones reales, como enlaces a noticias o información sobre tarjetas de embarque, para engañar a los usuarios e introducirse en sus aparatos aprovechando vulnerabilidades de seguridad de los dispositivos.
Los afectados se querellarán
El caso del espionaje a independentistas catalanes sigue generando reacciones, pero también acciones. Sus abogados anuncian que presentarán varias querellas contra la empresa fabricante del Pegasus y aspiran a llegar al CNI y cuerpos de seguridad españoles. Denuncian que ellos mismos han sido víctimas también del espionaje masivo y que se ha violado su intimidad y la de sus clientes.
El abogado Benet Salellas, que representa a los espiados de Òmnium y la CUP, asegura que no tiene ninguna duda de que alguna agencia española esté detrás del espionaje, si bien no tiene claro cuál.
El letrado Gonzalo Boye, que actuará en nombre de los afectados de Junts per Catalunya, cree que es un delito de manual y que las declaraciones de la ministra Robles en las que justificaba el espionaje tendrán una fuerte repercusión en términos jurídicos, sobre todo en Europa.
El grueso de los espiados en el CatalanGate presentarán las querellas en el juzgado 32 de Barcelona, que ya lleva investigando desde hace más de un año el primer caso de Roger Torrent y Ernest Maragall, donde los abogados subrayan que el juez ya ha visto indicios de delito.
El Pleno del Consejo General de la abogacía española ha realizado un comunicado para denunciar cualquier intervención de las comunicaciones de los abogados y se muestra preocupado por si el espionaje ha podido afectar al derecho y deber del secreto profesional.
Así, la próxima semana se celebrará la primera reunión de la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso, una vez constituida de nuevo, con representantes de Esquerra, Junts y la CUP.
Mientras el informático que desveló el ‘CatalaGate’, está siendo investigado por el Tsunami Democràtic. El juez de la Audiencia Nacional no solicitó al CNI su colaboración en las pesquisas sobre Elies Campo Cid, el redactor del informe técnico que reveló el espionaje a 65 políticos y activistas independentistas catalanes.
