La defensa de Anna Gabriel presentará acciones legales en Suiza para pedir que se investigue el ataque con Pegasus contra el móvil de la exdiputada en el Parlament por la CUP. Se pedirá al Ministerio Público de la Confederación que abra una investigación a partir de la nueva información del informe Citizen Lab sobre el Catalangate y el posible espionaje del CNI a dirigentes independentistas en el extranjero.
Según confirmaba TV3 de la CCMA, los abogados de Anna Gabriel apuntan que en Suiza no se puede realizar una investigación de estas características sin autorización judicial porque supondría un delito contra el Estado, la seguridad nacional y el poder público suizo .
Se quiere esclarecer si el espionaje del que ella ha sido víctima, como residente en el país helvético, constituye uno de esos delitos por posible intromisión en la soberanía nacional.
En Suiza hay otras dos personas que también habrían sido víctimas de Pegasus: la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el informático Jordi Baylina.
Una estrategia para denunciar el espionaje
La denuncia de Gabriel es un paso más de las defensas en su estrategia para denunciar al Catalangate. El viernes, los abogados de los espiados de ERC, el ANC, Junts, la CUP y Òmnium explicaron por dónde pasarían las líneas maestras de su respuesta.
Explicaron que se querellarán contra la empresa NSO, propietaria de Pegasus, y contra el CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El objetivo es denunciar el espionaje en todos los niveles. Los eurodiputados también llevaron el caso a las instituciones europeas. Carles Puigdemont ha realizado este sábado en una conferencia en Estrasburgo, donde ha dicho que los softwares como Pegasus son una profunda amenaza para la democracia europea y que los estados vulneran la vida privada de abogados y disidentes.
Las consecuencias de espiar abogados
El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, también ha sido espiado, junto a Andreu Van den Eynde, el abogado de Oriol Junqueras, y Raül Romeva. Esto podría tener consecuencias judiciales muy graves.
Van den Eynde recuerda que la intimidad «no puede violarse en el caso de la defensa». El Consell de l’Advocacia Catalana considera que el espionaje puede haber vulnerado el derecho de defensa de sus clientes.
Desde el Consell exigen explicaciones y que se aclare, por ejemplo, si los autores del espionaje tenían una autorización judicial.
El presidente de la comisión Relaciones con la Administración, David Casellas, apunta que si las escuchas las ha hecho el CNI, era necesaria una autorización de un magistrado del Tribunal Supremo «por tiempo muy limitado y fines muy concretos». Incluso en este caso, sin embargo, encuentra «muy grave» que afecten a abogados y abogadas en ejercicio de sus funciones.
Según Casellas, la violación del secreto de comunicaciones entre un abogado y su cliente «puede tener como consecuencia la nulidad de un procedimiento». Antes, sin embargo, las partes afectadas deberían alegar vulneraciones en el derecho de defensa.
