El TSJC ha requerido a la Generalitat el cumplimiento inmediato de la sentencia del 25% del castellano en todos los centros educativos de Catalunya, y el gobierno ha anunciado que lo recurrirá. El tribunal ha aceptado la petición de una asociación que solicitó la ejecución forzosa de la sentencia. El Tribunal Superior de Justicia declaró firme el texto el pasado 21 de enero. A partir de ahí, se abrió un período de dos meses para aplicarla.
El tribunal ordena requerir al conseller de Educación que, en el plazo máximo de 15 días, «dicte las instrucciones y establezca las garantías de control que convenga con la finalidad de que en el sistema educativo de Catalunya todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso».
«La sala contenciosa ordena ejecutar la sentencia del 25% de enseñanza de castellano en el sistema educativo en #Catalunya. La resolución requiere al #consejero para que la haga efectiva @educaciocat y al Alta Inspección de @educaciongob para que verifique el cumplimiento.»
🔴La sala contenciosa ordena executar la sentència del 25% d’ensenyament de castellà al sistema educatiu a #Catalunya. La resolució requereix al #conseller per tal que la faci efectiva @educaciocat i a l’Alta Inspecció de @educaciongob per tal que verifiqui el compliment.
— TSJCat (@tsj_cat) May 9, 2022
El texto especifica que la utilización de las lenguas «debe incluir como mínimo la docencia de la misma lengua y la de otra asignatura o materia de carácter troncal», y dice que se debe informar al Tribunal en el mismo momento en que finalice el nuevo plazo de ejecución sobre las medidas adoptadas y su grado de cumplimiento.
También requiere a la Alta Inspección Educativa que verifique el cumplimiento de la parte dispositiva de la sentencia dictada en estas actuaciones en el conjunto del sistema educativo de Catalunya, y que informe al Tribunal de la actividad desplegada y de la situación constatada cuando acabe el plazo de ejecución señalado.
La justicia apunta a que las medidas para garantizar el resultado establecido por la sentencia son facultado de la Generalitat, pero que el gobierno catalán «no está en su libertad de no actuar y permitir una situación contraria al mandato constitucional».
El propio tribunal ha desestimado la solicitud de ejecución forzosa de Vox y de algunos diputados del Parlamento por falta de legitimidad. En la decisión hubo dos votos particulares, entre los cinco magistrados.
«¡Hemos ganado!», ha celebrado la asociación que había reclamado el paso que ha dado este lunes la justicia.
📢 El @tsj_cat dicta la ejecución forzosa de la sentencia del 25%
📢 En 15 días la Conselleria d’ @educaciocat debe dictar instrucciones a todos los centros
📢La ejecución es consecuencia de la legitimación de @AEBCatalunya y de nuestra demanda colectiva con @_escueladetodos pic.twitter.com/ecjF5WCjnr
— AEB Catalunya (@AEBCatalunya) May 9, 2022
