Otro brutal caso de agresión por parte de agentes de los cuerpos policiales, que esta vez si ha tenido respuesta. Es el caso, como explica Público, de una detenida que denunció torturas por parte de la Policía Nacional en Córdoba en el 2013 y que ahora recibirá 3.000 euros como indemnización del Estado.
La Audiencia Nacional ha emitido una sentencia favorable, siguiendo el marcado por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Sin embargo, es un caso que se ha eternizado y evidencia una vulneración de derechos sistemática, aunque ni el Juzgado de Instrucción, ni la Audiencia Provincial, ni el Tribunal Constitucional lo reconocieron.
Además, cuando el caso llegó al Comité de la ONU, éste advirtió de que España no había proporcionado suficiente información. La Abogacía del Estado se negó a indemnizar a la víctima, alegando que el caso había sido archivado en los tribunales españoles. Como explica el artículo, no es un caso puntual: entre 2013 y 2019 existieron 448 condenas por tortura en España. Y esto son sólo los casos resueltos y admitidos.
Hay que recordar que en este caso del que tratamos «cuando fue detenida, la denunciante no presentaba lesión alguna, pero sí a la salida de la comisaría, donde fue recogida por una ambulancia tras llamar la propia agredida a los servicios sanitarios, ante la negativa de la Policía a hacerlo», ha recordado la APDHA en una nota.
