Junts per Cataluña se ha desmarcado del inicial acuerdo al que llegó con las fuerzas de ERC, PSC y Comuns sobre el pacto lingüístico. Una decisión que ha dejado en vilo a las formaciones a la espera de una propuesta específica o unas enmiendas concretas al proyecto.
Aunque en un primer momento el partido de Carles Puigdemont se sumó a la iniciativa, según han explicado, al analizar el posicionamiento de distintas entidades de defensa de la lengua catalana y de colectivos de docentes, JxCat decidió dar un paso atrás. Precisamente, su propuesta es contar con estas entidades y colectivos a la hora de elaborar un texto legal desde el Parlament.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado de margen hasta el 31 de mayo para cumplir con la sentencia que impone el 25% del español en las aulas catalanas.
Los partidos políticos plantean aprobar una ley en el Parlament que pueda frenar la aplicación de la sentencia, y en principio, se plantea la importancia de que el acuerdo sea entre los cuatro partidos. Sin embargo, JxCat por el momento no parece estar interesado en sumarse.
Tras la reunión mantenida ayer en la ejecutiva del partido de JxCat, se aprobó por unanimidad una propuesta de decreto que se ha hecho llegar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.
En la junta de portavoces mantenida esta mañana no se ha incluído en la orden del día del pleno para la semana que viene la aprobación de la ley de política lingüística, con el objetivo de dar margen a JxCat para que pueda sumarse al pacto. Según se ha informado, si dentro de 24 horas JxCAT no se manifiesta al respecto, las otras tres formaciones convocarán una junta extraordinaria de portavoces para que la orden del día sí incluya la votación de la política lingüística en el pleno de la semana próxima.
¿Qué es lo que plantea JxCat concretamente? El partido deja en manos del Govern si optar por una iniciativa en forma de decreto o decreto-ley. Consideran que el decreto ley «evitaría que el TSJC pudiera reaccionar», lo que supondría que una vez validado en el Parlament, la única manera de recurrir sería ante el Tribunal Constitucional. Se trataría, en este caso, de una estrategia para intentar blindar la normativa.
