La Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado la recusación que la Fundació Catalana de l’Esplai (FUNDESPLAI) había presentado contra la magistrada conservadora Inés Huerta Garicano por impedir que forme parte de las deliberaciones sobre los recursos presentados por PP, Cs, Vox y l exdelegado del ejecutivo español Enric Millo, entre otros, contra los indultos a los condenados por el Procés.
Garicano es una pieza clave de las deliberaciones porque sustituyó a la juez progresista Ángeles Huet, lo que ha provocado un cambio en las mayorías que permite que el sector conservador fuerce ahora la revisión de los indultos a partir de junio.
El Supremo tiene sobre la mesa 67 recursos de formaciones políticas y entidades contra los indultos. En enero la mayoría progresista de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tumbó todos los recursos presentados por los partidos de la derecha por falta de legitimación, pero en febrero, con el cambio de Huerta por Huet, se inclinó para revisar el caso.
La recusación de la Fundación Catalana del Esplai contra la magistrada Huerta habría impedido el cambio de tornas. Se basaba en que Huerta era miembro de la Junta Electoral Central (JEC) en 2019 y 2020, cuando este organismo impidió con su voto que Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn pudieran formar parte de las listas electorales.
En su auto, la Sala III del Supremo asegura que la petición de la Fundación Catalana del Esplai no tiene fundamentos porque “está basada en suspicacias” que no responden a ningún “dato objetivo” y sólo busca de forma “infundada” demostrar una pérdida de imparcialidad de la magistrada.
Según el auto, sostener que Huerta ha perdido la imparcialidad por su participación en las resoluciones de la JEC «no tiene ninguna lógica» porque el hecho de que no se permitiera que los presos formaran parte de las listas electorales «no incide en nada ” en la cuestión de los indultos. La imparcialidad de Huerta, asegura el Supremo, «no está comprometida». Ahora, abrirá el proceso de estudio de los recursos y próximamente pedirá a la Abogacía del Estado que presente alegaciones.
