A la Unión Europea se le ha acabado la paciencia con Reino Unido y su reacción ha sido contundente. Bruselas acusa al gobierno de Boris Johnson de haber roto unilateralmente los acuerdos del Brexit sobre Irlanda del Norte y le ha exigido que rectifique en las próximas semanas para revertir la situación.
El ultimátum europeo se ha concretado en un margen de dos meses para que el Reino Unido dé marcha atrás en el proyecto de ley que Londres utiliza, como considera la Comisión Europea, para sortear el Protocolo de Irlanda del Norte. Este protocolo es la herramienta que controla las mercancías que entran en territorio comunitario y facilita el acceso de Irlanda del Norte al mercado único.
Según los europeos, Reino Unido aprovecha que no hay una frontera dura entre las dos Irlandas para no cumplir con su obligación de supervisar las aduanas con la diligencia necesaria. También le acusa de esconder información de los movimientos comerciales reales que hay entre ambos territorios.
Una problemática nueva frontera
A consecuencia del Brexit, la población de Irlanda del Norte se encontró en una situación incómoda: debía volver a instaurar una frontera, con aduanas incluidas, entre su territorio y el resto de Irlanda, que mantenía su estatus de Estado miembro con el correspondiente acceso libre al mercado único europeo.
Para evitar los múltiples problemas derivados de esa frontera, el gobierno de Boris Johnson activó el lunes un procedimiento parlamentario para aprobar una ley que modificaría unilateralmente el complicado pacto del Brexit establecido con Bruselas.
La consecuencia práctica del proyecto de ley que trabaja el primer ministro británico es la falta de control sobre las mercancías que atraviesan la frontera entre ambas regiones irlandesas y, de facto, la eliminación de las restricciones aduaneras.
