El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha admitido la personación como acusación popular de un nuevo colectivo, la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas, en la causa que investiga el espionaje hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a tres de sus ministros. Lo hace considerando que este espionaje no ha atentado solamente contra la intimidad de los espiados, sino también contra los intereses generales.
Con la aceptación de esta nueva parte, son dos las acusaciones populares personadas en el proceso después de que Prolege presentase también su personación en la causa.
Se denegó, no obstante, la personación en la causa de Apedanica, considerando que esta entidad «no tenía un interés legítimo en la causa», a pesar de ser una asociación especializada en el peritaje de delitos informáticos.
La Abogacía del Estado ha presentado su escrito en representación de la Administración del Estado, que es la capacidad que tiene de hacerlo. Algo que demuestra que se trata de una cuestión que atenta a los intereses generales del mismo, además del interés a nivel particular y personal de las personas espiadas.