El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, alerta de que en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid no se realizan interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). No sólo eso, sino que pone en duda la existencia y aplicación de protocolos de actuación cuando está en peligro la vida de la embarazada. Hay que recordar que esa comunidad está gobernada por la derecha del PP, algo que muchos señalan como un grave retroceso en los derechos de las mujeres.
Todo ello lo desencadena el caso de una mujer, Marta Vigara (tal y como indicaba El País), cuando en el 2020 acudió al Hospital Clínico San Carlos con una posible rotura de placenta que ponía en riesgo su vida, y vio cómo los médicos de este hospital público se negaban a intervenirla por ser objetores de conciencia. Es decir, es el rechazo a obedecer a un orden, una obligación profesional o una ley porque lo considera inaceptable por razones éticas, políticas o religiosas.
En una comunicación publicada por ese diario, Gabilondo manifiesta: “Esta ausencia prácticamente absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública [de Madrid] debería ser objeto de valoración y análisis por parte de la Conselleria de Sanitat, esto sin perjuicio del respeto a las decisiones individuales que puedan adoptar los profesionales sanitarios en lo que se refiere a su intervención en interrupciones voluntarias del embarazo, incluso en aquellas realizadas por causas médicas”.
De 2010 a 2019, en Madrid se realizaron 1.608 abortos en centros del sistema madrileño de salud (el 0,7%) y 210.755 (99,3%) en clínicas privadas a las que las mujeres llegaron mayoritariamente derivadas de la red pública, según datos enviados por el Gobierno a la Asamblea. En 2020, no hubo ningún aborto realizado en centros públicos en la capital del Estado.
