La justicia de Andorra ha dado un paso adelante para «esclarecer la verdad» sobre la trama andorrana de la Operación Catalunya. Así pues, ha ordenado a la unidad de investigación económica y financiera de la policía judicial que investigue los hechos expuestos en la querella sobre las presiones del Gobierno a las autoridades de Andorra y en la Banca Privada de Andorra (BPA).
La Alcalde de Instrucción especializada también ha autorizado a la policía judicial a intercambiar información con otras policías extranjeras, en particular la española, tal y como ha informado el Institut de Drets Humans d’Andorra. De la instrucción hasta ahora realizada se desprenden diversas actuaciones llevadas a cabo por la policía española en territorio andorrano, de las que la Alcalde instructora quiere tener conocimiento detallado para seguir con la investigación.
Amenazas a BPA para conseguir información bancaria de los líderes independentistas
El accionista mayoritario de la BPA, Higini Cierco, declaró que a partir de mayo de 2014 tanto él como el Ceo del banco, Joan Pau Miquel, fueron “coaccionados y extorsionados” primero por el inspector Celestino Barroso, agregado de Interior de la embajada española en Andorra, y después por el comisario Marcelino Martin Blas alias ‘Fèlix’ en varios encuentros en Madrid.
Todo para conseguir las cuentas bancarias andorranas de Artur Mas, Oriol Junqueras y la familia Pujol, con la amenaza del cierre tanto de BPA como de su filial española Banco Madrid, una amenaza que se cumplió con el cierre de ambas entidades bancarias el 10 de marzo de 2015.
El Instituto de Derechos Humanos de Andorra recuerda en una nota de prensa que en un primer momento se presentó una querella contra estos dos agentes del CNP, pero que posteriormente el IDHA y la entidad de Juristas Derechos amplió la querella contra el DAO Eugenio Pino, superior de ambos, y el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano ‘Boni’, anterior agregado de Interior de la embajada española en Andorra, porque también había tenido intervención en los hechos según las investigaciones que se iban realizando.
Encubrimiento del Estado
Las querellas fueron admitidas, pero España le concede la protección diplomática al inspector Celestino Barroso cuando es citado a declarar para que no comparezca ante la Alcaldía andorrana, una protección que se mantiene.
En cuanto a las Comisiones Rogatorias enviadas entonces a las autoridades españolas, el ex-DAO Eugenio Pino responde diciendo que se ha jubilado mientras que el inspector jefe, Bonifacio Díez Sevillano, responde desde la embajada española en México, donde estaba destinado, que precisaban aclaraciones, lo que sirvió para volver a Madrid, y dejarla sin agasajar. Lo único que compareció fue Marcelino Martin-Blas. De ahí las nuevas peticiones de CRI contra estos querellados.
El Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y la entidad de Juristas Derechos, posteriormente, dio un paso más y presentó una segunda ampliación de querella para dar continuidad a las investigaciones realizadas contra estos cuatro policías españoles.
El testimonio de Villarejo
En este sentido, recuerdan, el testigo del excomisario de la Policía Nacional Española José Manuel Villarejo sobre lo que se acabó llamando ‘Operació Catalunya’, acreditó que la actuación policial objeto de esta investigación tenía también a sus responsables políticos, y ahora la justicia andorrana quiere saber la implicación de los nuevos querellados y delitos que hayan podido cometer.
Por eso, en agosto del 2020 se admitió esta segunda ampliación que investiga el expresidente español, Mariano Rajoy, ya sus exministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Interior, Jorge Fernández Díaz, por un delito de falsedad de documentos. Concretamente los investiga por el envío de información “falsa” al FinCEN americano (Finanzas Crime Enforcement Network, dependiendo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), para que emitiera una ‘Notice’ en contra de la BPA, sobre una hipotética práctica de blanqueo de capitales por parte de la entidad bancaria andorrana, que precipitó su intervención y liquidación el 10 de marzo de 2015 con el objetivo de conseguir estas cuentas de líderes independentistas catalanes.
Rajoy y Montoro, en el punto de mira
Al expresidente Rajoy y al exministro Montoro también les investiga por un delito contra los órganos constitucionales, uno de los mas graves del código penal andorrano, por haber supuestamente intimidado al Jefe de Gobierno andorrano y a los ministros con los que se reunió en la visita oficial que hicieron en el Principado el 8 de enero de 2015, para que intervinieran y liquidaran la BPA en base a esta información que recibirían de Estados Unidos.
Por otra parte, también se investiga por supuestos delitos de coacciones, amenazas, extorsión y chantaje al exministro Jorge Fernández Díaz y sus subordinados Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Interior e Ignacio Cosidó, ex director general de la policía española, como a superiores de los agentes policiales que actuaron
