El Consejo de Transparencia ha instado al Ministerio del Interior a informar del coste de los servicios de escolta prestados para desplazamientos privados de los ministros desde enero de 2020 hasta la actualidad, desglosados por servicios prestados y miembro del Ejecutivo afectado.
Además, según la resolución dictada por el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska deberá enviar a la persona que le pidió estos datos el número total de solicitudes de escoltas cursadas en el mismo periodo, especificando las que fueron concedidas.
Asimismo, tendrá que remitir a la ciudadana interesada una copia de la normativa existente en relación a la posibilidad de que los miembros del Gobierno soliciten y obtengan servicios de escoltas en sus viajes privados. La persona que solicitó estos datos presentó su solicitud de información el pasado mes de diciembre, pero Interior no le contestó en el plazo estipulado y reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El Ministerio del Interior le contestó poco después pero denegándole el acceso a esa información alegando que tiene «carácter reservado» y que su «divulgación a personas no autorizadas» puede «generar riesgos o perjuicios graves para la seguridad y defensa del Estado, para la seguridad de las personas objeto de protección y para los agentes encargados de la misma».