El actual presidente de Ucrania ha puesto en marcha la ilegalización de la práctica totalidad de partidos políticos de la oposición. Aprovechando la aplicación de la ley marcial, está introduciendo medidas parlamentarias que, contando con los partidos ahora ya ilegalizados, no habrían salido adelante.
Una de las últimas leyes que han sido aprobadas en el Parlamento de Ucrania, ha sido la ley 5371, mediante la cual se modifica la legislación laboral, haciendo que las empresas con menos de 250 trabajadores puedan negociar directamente la estructura salarial, las horas de trabajo y los términos o condiciones para rescindir los contratos.
La situación que se establece con la ley marcial ya supone una limitación de los derechos de los trabajadores, pero se supone que solamente pueden mantenerse mientras esté vigente la ley marcial, que por el momento ha tenido una prórroga hasta el mes de agosto de 2022. La OIT calcula que ahora mismo en Ucrania se han perdido unos 4,8 millones de trabajos debido al conflicto con Rusia.
El parlamento acaba de aprobar ahora una nueva ley que establece «un nuevo régimen contractual para regular las relaciones laborales», donde todas las condiciones de trabajo quedarán determinadas por el contrato de trabajo y no por la legislación laboral. Se excluirá a los empleados de pequeñas y medianas empresas de toda protección jurídica.
Los despidos quedarán a criterio del empleador, ya que el contrato de trabajo determinará las causas del despido, en lugar de la estricta lista de motivos previstos en su legislación laboral.
Los sindicatos han quedado totalmente al margen del desarrollo de esta ley. La Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania ha denunciado que se están contraviniendo las normas y convenios internacionales.
La modificación laboral estaba ya sobre la mesa antes de que Rusia entrase en Ucrania. Y no salía adelante, precisamente porque no contaba con los apoyos necesarios. Una vez ilegalizados los partidos de la oposición y establecida la ley marcial, Zelenskiy ha podido sacarla adelante sin mayor esfuerzo.
Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, declaró: “Resulta grotesco que mientras los trabajadores y las trabajadoras defienden el país y se ocupan de los heridos, enfermos y desplazados, sean ahora atacados por su propio Parlamento a sus espaldas. La gran mayoría de la mano de obra en Ucrania trabaja en empresas con menos de 250 empleados y son justamente quienes se verán privados de la protección de sus salarios, condiciones de trabajo y seguridad si el presidente Zelenski decide promulgar estas leyes. A ello se suma la amenaza de confiscar propiedades de los sindicatos, con lo que se pretende impedir su oposición a los draconianos proyectos de ley, y que permitiría a oligarcas apropiarse de sus bienes a precios de saldo. Pese a la guerra, la política ucraniana parece seguir siendo la de siempre, aunque ahora sea bajo la ley marcial. La ley adoptada el pasado septiembre para limitar el poder de los oligarcas ucranianos sobre el Parlamento y el país claramente ha fracasado. Instamos al presidente a plantar cara a los oligarcas y negarse a refrendar los proyectos de ley, y a dejar claro que los derechos a la propiedad serán protegidos en el futuro en Ucrania”.
Para ahondar más en esta cuestión, este análisis de Viento Sur explica en detalle todas las cuestiones relativas a la situación laboral en Ucrania.
